El pleno del Senado aprobó la llamada “Ley Chayote”, que reglamenta la propaganda gubernamental.
Al presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Gobernación, Raúl Pozos aseguró que ésta garantiza el respeto a los derechos a la información y la libertad de expresión, y evita la promoción personalizada de funcionarios públicos.
Señaló que da parámetros parejos para reglamentar la propaganda y el dinero que se destina desde los tres niveles de gobierno, órganos autónomos y entes públicos. Así mismo, obliga a presentar informes periódicos públicos sobre el gasto que se ejerce.
Sin embargo, la oposición dijo que esta ley mantiene la discrecionalidad en la asignación de los recursos en propaganda, violenta el derecho a la libertad de expresión y mantiene la posibilidad de control de contenidos desde el gobierno a través de la asignación o no, de recursos.
Consideraron que se la da superpoderes a la Secretaría de Gobernación, pues será la responsable de emitir lineamientos, crear el padrón único de medios y determinar cuándo hay violaciones a la ley.
El senador Alejandro Encinas dijo que con tal de cumplir la fecha que impuso la Corte para emitir la ley, se aprobó una norma que ni siquiera se ajusta a los criterios que establecieron los ministros.
El panista Héctor Larios dijo que llega al colmo de señalar que toda violación a la ley será castigada, pero no menciona cuál será la sanción.
Tras 30 oradores en tribuna, la ley se aprobó en lo general por 60 votos a favor, 46 en contra y una abstención, y vino la discusión de reservas a más de 20 de los 53 artículos que integran la ley, de los cuales 8 son transitorios.
Ninguna de ellas prosperó y así quedó aprobada en lo general y en lo particular, y se remitió al ejecutivo para su publicación y entrada en vigor a partir del uno de enero del próximo año.