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El Pleno de  Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen para eliminar el fuero constitucional; inmunidad que desde el siglo pasado sirvió de escudo a muchos servidores públicos para quedar impunes de actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, crímenes y malversación de fondos públicos, entre otros. 

La Reforma Constitucional incluye al Presidente de la República, ministros de la Suprema Corte, gobernadores, diputados, senadores, presidentes municipales, secretarios de Estado y todo aquel servidor público que goza de inmunidad.

Con esta reforma desaparecen también los juicios de procedencia en la Cámara de Diputados, los que según el PAN, PRD, Morena y MC “nunca procuraron justicia, protegieron a personajes ligados al poder público”, señalaron los casos de los legisladores del PRI Antonio Tarek Abdalá y Alberto Silva Ramos acusados del desvío de más de 27 mil millones de pesos de las arcas del gobierno de Veracruz.

Cabe señalar que, desde la constitución del fuero, solamente se realizaron siete juicios de procedencia para desaforar a igual número de servidores públicos, pero más que por una aplicación estricta de la ley fueron interpretados como actos de venganza política.

Así ocurrió en 1983 con el senador Jorge Díaz Serrano (ex director de Pemex), quien tuvo pleito político con Miguel de la Madrid y con Andrés Manuel López Obrador, a quien el ex presidente Vicente Fox lo quiso llevar a prisión para que no contendiera por la Presidencia de la República en 2006.

De acuerdo a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, con la eliminación del fuero se otorga una herramienta más al Sistema Nacional Anticorrupción y se pone fin a privilegios para que México deje de tener “políticos de primera y ciudadanos de segunda”, subrayaron.