En Chilpancingo, Guerrero, organizaciones sociales, incluidos los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, exigen libertad inmediata e incondicional del indígena na savidefensor, Arturo Campos, a cuatro años de prisión injustificada, reclaman.
Este 1 de diciembre se cumplen 1461 días de la detención de Campos, activista social, tras la «fabricación de los delitos de robo, delincuencia organizada y secuestro», dicen sus defensores.
Campos fue detenido en una protesta social realizada hace cuatro años para exigir la liberación de sus compañeros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria(CRAC-PC) que habían sido detenidos en agosto de 2013.
«Los acusaciones se han desmoronado. Tribunales Federales declararon su inocencia en tres de las cuatro causas penales abiertas en su contra. Luego de dos amparos, se demostró que las acusaciones en contra del defensor comunitario son infundadas», destaca el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Guerrerense, Tlachinollan.
De igual manera se comprobó su carácter de Consejero de la CRAC-PC, por lo que con su detención se violentaron derechos de los pueblos indígenas, como el derecho a la libre determinación, autonomía y su derecho a crear sus propios sistemas de seguridad y justicia.
Hoy, sólo está pendiente por resolver la Causa Penal 196/2013-I-A, por el delito de secuestro en agravio de 43 personas, lo cual además de ser humanamente imposible, desvirtúa el sentido de los acuerdos comunitarios y vulnera los derechos de los pueblos indígenas, apunta Tlachinollan.
«A cuatro años de su injusta prisión, el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelos con residencia en Tlapa, Guerrero tiene la oportunidad de hacer justicia, juzgar bajo los principios de independencia e imparcialidad, apegado a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos» apremian familiares. organizaciones civiles, sindicatos, defensores e integrantes de la sociedad civil que protestan esta tarde en Chilpancingo, Guerrero por la libertad inmediata e incondicional de Campos.
También exigen cese a la criminalización contra líderes sociales, activistas y defensores humanitarios en el estado de Guerrero.
En Chilpancingo, Guerrero, organizaciones sociales, incluidos los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, exigen libertad inmediata e incondicional del indígena na savidefensor, Arturo Campos, a cuatro años de prisión injustificada, reclaman.
Este 1 de diciembre se cumplen 1461 días de la detención de Campos, activista social, tras la «fabricación de los delitos de robo, delincuencia organizada y secuestro», dicen sus defensores.
Campos fue detenido en una protesta social realizada hace cuatro años para exigir la liberación de sus compañeros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria(CRAC-PC) que habían sido detenidos en agosto de 2013.
«Los acusaciones se han desmoronado. Tribunales Federales declararon su inocencia en tres de las cuatro causas penales abiertas en su contra. Luego de dos amparos, se demostró que las acusaciones en contra del defensor comunitario son infundadas», destaca el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Guerrerense, Tlachinollan.
De igual manera se comprobó su carácter de Consejero de la CRAC-PC, por lo que con su detención se violentaron derechos de los pueblos indígenas, como el derecho a la libre determinación, autonomía y su derecho a crear sus propios sistemas de seguridad y justicia.
Hoy, sólo está pendiente por resolver la Causa Penal 196/2013-I-A, por el delito de secuestro en agravio de 43 personas, lo cual además de ser humanamente imposible, desvirtúa el sentido de los acuerdos comunitarios y vulnera los derechos de los pueblos indígenas, apunta Tlachinollan.
«A cuatro años de su injusta prisión, el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelos con residencia en Tlapa, Guerrero tiene la oportunidad de hacer justicia, juzgar bajo los principios de independencia e imparcialidad, apegado a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos» apremian familiares, organizaciones civiles, sindicatos, defensores e integrantes de la sociedad civil que protestan esta tarde en Chilpancingo, Guerrero por la libertad inmediata e incondicional de Campos.
También exigen cese a la criminalización contra líderes sociales, activistas y defensores humanitarios en el estado de Guerrero.