Es urgente que el gobierno de Enrique Peña Nieto, salpicado por la corrupción y la impunidad, recupere en beneficio de las arcas públicas los miles de millones de pesos robados por gobernadores ahora presos o en procesos de investigación, así como por funcionarios federales involucrados en estafas o daño patrimonial, como son los casos de las secretarías de Educación Pública y la de Comunicaciones y Transportes, demandó el Vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión, Rafael Hernández Soriano.
El compromiso del titular del Ejecutivo es mayor, no se limita a anunciar que combate la impunidad e iniciar el proceso en contra de ex mandatarios, entre ellos Javier Duarte, Roberto Borge, Tomás Yarrington, Andrés Granier, Jesús Reyna, Eugenio Hernández y Guillermo Padrés, sino articular una estrategia clara y contundente para recuperar el dinero público robado en beneficio de estos priistas, a excepción de Padrés.
El sexenio de Peña Nieto transitará a la historia como el de la violencia desbordada, la desbocada consigna de saquear las arcas públicas en beneficio particular y para campañas políticas del PRI, para beneficiar a empresas a quienes se les tolera desarrollar infraestructura defectuosa y se les duplican pagos, como es el caso de la SCT, afirmó el diputado federal del PRD.
Recordó que sólo en el 2016 algunos medios informativos que han llevado el recuento de los ex gobernadores acusados de peculado, enriquecimiento ilícito y de desviar dinero público a campañas electorales del PRI superaban los 186 mil millones de pesos, a ello se sumarían tal vez otros 7 mil millones más de la llamada “Estafa Maestra”, investigación en curso que involucra a la SEP y universidades públicas que operaron bajo un sofisticado esquema para realizar subcontrataciones con empresas fantasma, de acuerdo a información adjudicada a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La administración de Peña Nieto está en deuda con la transparencia y la rendición de cuentas, ha sido consecuente con el secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, quien ha incurrido en faltas a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo que se interpuso en su contra una demanda de juicio político que es obstruida en la Cámara de Diputados por el PRI, añadió.
Respecto a los ex mandatarios que son investigados por desvíos de recursos y enriquecimiento ilegal, están Rodrigo Medina (Nuevo León), Roberto Sandoval (Nayarit), Miguel Alonso Reyes (Zacatecas), Rolando Zapata (Yucatán), Fausto Vallejo (Michoacán), Mario Anguiano (Colima), Jorge Herrera Caldera (Durango), todos señalados por la ASF; “si acumulamos los montos del desfalco a las arcas del país, son sumas millonarias que deben ser recuperadas, no basta con señalar los excesos del poder y dejar que desde prisión o al seguir sus procesos en libertad, disfruten del dinero saqueado al país”, expresó.
El también integrante de las comisiones de Gobernación y la de Transparencia y Anticorrupción, afirmó que hay responsabilidad del gobierno federal en el aumento de la corrupción porque permite que los involucrados gocen de la impunidad del fuero constitucional o la protección del sistema priista, omite actuar judicialmente con agilidad y permite que los imputados huyan o los protege legislativamente el PRI al paralizar los trabajos de la Subcomisión de Examen Previo y de la Sección Instructora, cuando se trata de sus correligionarios acusados de participar en desfalcos, como es el caso de los ex colaboradores de Javier Duarte.