Los jefes delegacionales en Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una Controversia Constitucional por la aprobación, publicación y entrada en vigor del decreto de Presupuesto de Egresos 2017.
Xóchitl Gálvez , Pablo Moctezuma, Rigoberto Salgado, Claudia Sheinbaum y Avelino Méndez, denunciaron que el presupuesto aprobado por la ALDF viola los principios constitucionales de proporcionalidad, congruencia, equidad, transparencia, que rigen la materia presupuestaria.
Señalaron que el artículo 122 constitucional establece que la ALDF debe sujetarse al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en el que se disponen como contenidos obligatorios para el decreto de presupuesto y que la consideración de los criterios de población, marginación, infraestructura y equipamiento urbano en la determinación de las asignaciones presupuestales para que las delegaciones cumplan con el ejercicio de las actividades a su cargo.
Señalaron que la ALDF no previó la aplicación de dichos recursos ni hace ninguna referencia a la forma en que se consideraron los criterios de población, marginación, infraestructura y equipamiento urbano para determinar la distribución de los denominados recursos adicionales
El decreto también incumple con la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal que considera lo siguiente:
* Consideración de los criterios de población, marginación, infraestructura y equipamiento urbano en la determinación de las asignaciones presupuestales para las Delegaciones (Art. 28)
* Un anexo específico en que se detallen los proyectos o acciones a realizar, en caso de que se aprueben recursos adicionales para las unidades responsables del gasto (Artículo 29 BIS).
* Toda propuesta de aumento o creación de vertientes de gasto, conceptos o partidas, deberá acompañarse con la correspondiente iniciativa de ingreso (Artículo 39).
* La clasificación administrativa, por resultados y económica y el desglose de las actividades, obras y servicios públicos previstos en los programas a cargo de las unidades responsables del gasto (artículo 43).
Señalaron que lo anterior dificultará, cuando no hará inviable, cualquier análisis para medir la eficiencia en el uso de los llamados recursos adicionales, por carecer, además, de un destino y de objetivos ciertos.
En el caso de las delegaciones Benito Juárez y Miguel Hidalgo, se les asignan recursos adicionales por 253 millones 917 mil 51 pesos y 84 millones 639 mil 17 pesos, respectivamente, aun cuando ambas coinciden en tener un Índice de Desarrollo Humano superior a la media nacional, en concentrar la población de más altos ingresos, disponer de los mejores equipamientos de salud, educación, cultura y recreación y gozar de la mayor calidad y nivel de servicios de agua, drenaje, electrificación y transporte.
A Magdalena Contreras le fueron asignados recursos por 245 millones 453 mil 149 pesos a pesar de que cuenta con una población estimada de 243 mil 886 habitantes, mientras que la delegación Miguel Hidalgo cuenta con una población estimada de 364 mil 439 habitantes y una población flotante de aproximadamente 192 mil personas.
A las delegaciones Benito Juárez y Cuauhtémoc les fueron asignados recursos por 253 millones 917 mil 051 y 209 millones 669 mil 739, respectivamente. Ambas demarcaciones tienen una población menor a los 677 mil 104 habitantes que residen en la delegación Tlalpan, a la cual le fueron asignados recursos por 74 millones 639 mil 17.
A las 6 delegaciones cuyos titulares son militantes del PRD, partido político al que pertenece el presidente de la comisión de gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, les fue asignado el 51 por ciento de los llamados recursos adicionales.
A las cinco delegaciones cuyos titulares pertenecen a Morena les fue asignado únicamente el 18 por ciento de los llamados recursos adicionales.
Y a las diez delegaciones cuyos titulares militan en los mismos partidos que los diputados que aprobaron el decreto (PRD, PRI y PAN) les fue asignado el 79 por ciento de los llamados recursos adicionales, en tanto que a las delegaciones de Morena y a la delegación Miguel Hidalgo, que se encuentra a cargo de la suscrita, les correspondió el 21 por ciento restante.
Señalaron que de lo anterior, es notorio que la Asamblea no fundó ni motivó la repartición de los recursos conforme a los principios de proporcionalidad, congruencia, equidad, información, transparencia, que rigen la materia presupuestaria y de manera arbitraria e irracional determinan cantidades sin atender a ningún razonamiento lógico-jurídico y dando como resultado una asignación de recursos de forma inequitativa y discrecional.
Reiteraron que no se tomaron en consideración las características y condiciones propias de cada una de las 16 delegaciones, existiendo al efecto un proceso de discriminación en contra de los titulares que signan la demanda y como consecuencia un detrimento al erario y a los derechos fundamentales de los habitantes de estas cinco demarcaciones.
En cuanto al titular del Ejecutivo local, Miguel Ángel Mancera, a pesar de la solicitud de los jefes delegacionales, éste publicó el decreto el cual se considera que se derivó de un procedimiento viciado.