La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex exigió al gobierno de Enrique Peña Nieto, no evadir su responsabilidad en combate a inseguridad, bajo el entendido que no puede usarse de pretexto la “transición del gobierno” para ceder a su responsabilidad.
Y es que ante los niveles alarmantes de homicidios dolosos nunca antes vistos en México, el presidente Enrique Peña Nieto, debe asumirse aún como el principal responsable de emprender a la brevedad, las acciones necesarias para pacificar al país.
En su mensaje semanal el lider de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, dijo que se requiere urgentemente de la actuación del gobierno federal, para detener la embestida de violencia por parte de la criminalidad, que tiene a varios estados de la República Mexicana en máximo estado de alerta, clima que afecta gravemente tanto la inversión nacional como la extranjera y desde luego a la actividad turística.
Ante esta situación de relajamiento del actual gobierno, el lider del sector patronal presentó una serie de seis acciones urgentes para combatir la inseguridad y violencia en nuestro psis, entre los que destacan: un combate a la inseguridad de manera frontal, utilizando las áreas de inteligencia y de investigación financiera, para acabar con las estructuras del crimen que afectan a las empresas, al grado del éxodo o cierre de actividades por región.
Así también mejorar la capacitación y salarios de los cuerpos policiacos y dotarlos de las herramientas necesarias para hacer frente a quienes atentan contra la seguridad de los mexicanos.
Y Rediseñar la arquitectura institucional relacionada a la seguridad pública, en coordinación con estados y municipios, y avanzar en la consolidación de una fiscalía autónoma para combatir la impunidad, entre otras.
Y es que subrayó que algunas de estas acciones, solamente requieren un esfuerzo más estricto en la implementación de la política pública por parte del actual gobierno.
“Llevamos prácticamente más de una década en esfuerzos de depuración, capacitación y profesionalización, sin que haya resultados significativos en su desempeño. Los mexicanos no pueden esperar la llegada de su nuevo titular del Poder Ejecutivo Nacional, para acceder a la seguridad y a la tranquilidad. Es urgente que en los cuatro meses que restan a la actual administración, se tomen las medidas pertinentes para disminuir los índices de homicidios dolosos, de extorsiones, de secuestros, y de la comisión de muchos delitos del orden común”.
El líder del sindicato patronal subrayó que resulta imperante que desde el gobierno federal se inicien los trabajos para deslindar a la Secretaría de Gobernación de las tareas de seguridad pública, y reinstalar la Secretaría de Seguridad Pública, como ya sabemos es compromiso del titular de la administración entrante.
“La Coparmex apoya esta idea, e instamos al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto a que impulse ésta y todas las iniciativas necesarias en la materia, en cuanto inicie la siguiente la próxima Legislatura (..) La transición no puede ser pretexto para que el gobierno ceda en su responsabilidad de hacer todo lo posible para avanzar en la contención de la violencia”.
La urgencia con la que hemos realizado este llamado deriva de las cifras críticas que se han corroborado en días recientes.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI de 2017, en México se registraron 31.1 millones de delitos, lo cual equivale a 37 mil 17 delitos por cada 100 mil habitantes. En el mismo lapso, se cometieron 31 mil 174 homicidios dolosos, lo cual significa que ocurrieron 85 homicidios al día, con una tasa de 25 por cada 100 mil habitantes, cifra que no veíamos desde la década de los sesenta y mayor al doble de la observada hace 10 años.
La situación ha empeorado consistentemente en los últimos años. Específicamente a partir de 2014 cuando las cifras se incrementaron en más del 50% hasta finales de 2017. Con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, especialistas estiman que la comisión de delitos este año crecerá en un 10% adicional.
Las tendencias hablan de una clara incapacidad del Estado para contener la crisis.