El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz, presentó en la Tribuna de San Lázaro, el proyecto de decreto que expide la Ley del Congreso General.
El planteamiento publicado en la Gaceta Parlamentaria, prevé el retorno del presidente de la República al Legislativo, para entregar el Informe de Gobierno; así como terminar con el “veto de bolsillo”, facultando al Congreso a publicar leyes aprobadas y que el Ejecutivo Federal no publique en los plazos establecidos.
El proyecto prevé reducir a 43 el número de comisiones ordinarias, que actualmente son 56; mientras que las comisiones especiales se transformarán en “temporales” y no podrán ser más de 10.
También establece los requisitos y mecanismos para integrar comisiones de investigación, con una solicitud previa a través de la Junta de Coordinación Política y de la cuarta parte de los diputados y diputadas, o la mitad de los senadores.
Al presentarse en Tribuna, el diputado Muñoz Ledo manifestó que es momento
Plantea implementar el mecanismo de parlamento abierto y de bicameralismo, para agilizar el trabajo parlamentario.
Indica que se trabajará en el Congreso a partir de los principios de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas.
Añade que se trabajará en conferencia y en comisiones bicamerales, incluyendo la de Seguridad Nacional.
Faculta a la Comisión Permanente para ratificar nombramientos; regula la iniciativa preferente del presidente de la República, y afina mecanismos de control constitucional como las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
También armoniza las disposiciones para la instalación del Congreso General, las comparecencias de secretarios de Estado, y las preguntas parlamentarias.
El artículo séptimo indica que el 1 de agosto del año en que inicie el periodo presidencial, o el 1 de septiembre de cada año, a la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, asistirá el presidente de la República y presentará un informe sobre el estado que guarda la nación.
En ese marco los legisladores harán uso de la palabra y posteriormente el presidente de la República dará un mensaje en relación a su informe, así como un mensaje ante el Congreso. El propósito es que el Primer Mandatario escuche los posicionamientos de los congresistas y presente su informe.
Prevé evaluación de los legisladores por criterios como el buen ejercicio del gasto, su capacidad de control con respecto al Ejecutivo, asistencia, trabajo en comisiones y en el Pleno, incidencia en las reformas que emita el Congreso, y su eficacia en la construcción de acuerdos para emitir leyes y decretos.
Pretende establecer controles y prevenir situaciones de conflicto de interés, a través de la actualización de las declaraciones de 3 de 3 de los legisladores y todos los funcionarios del Congreso.
Faculta al Congreso a publicar oficialmente decretos y leyes que no hayan sido observados por el Ejecutivo Federal en los plazos que marca la Constitución, con el fin de terminar con el llamado “veto de bolsillo”.
Indica que la Cámara de Diputados podrá ratificar los nombramientos que haga el presidente, de los secretarios de Hacienda y funcionarios de esa dependencia; será su responsabilidad designar el titular de la Auditoría Superior de la Federación, y de órganos autónomos como Coneval y el INE.
También se encargará de emitir el Bando Solemne de declaración de validez de la elección del presidente electo, la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, el análisis de la cuenta pública y su respectiva dictaminación.
Será facultad del Senado ratificar a los titulares de las secretarías de la Función Pública, Relaciones Exteriores, embajadores, cónsules, comisionados de órganos autónomos como INAI, INEE, IFT e INEGI; a los integrantes de órganos reguladores; coroneles y demás Jefes Superiores de las Fuerzas Armadas, ministros de la Corte de entre la terna que proponga el Presidente de la República; ratificar a la integración de la lista de candidatos a Fiscal General de la República, y ratificará a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Contempla la reducción y compactación de comisiones ordinarias en el Congreso; limita a 10 el número de comisiones temporales antes llamadas especiales; compacta los cinco centros de estudios existentes en la Cámara de Diputados, para operar con un solo Instituto de Investigaciones Parlamentarias; mientras que en el Senado se mantendrá el Instituto Belisario Domínguez.
Prevé la desaparición de las comisiones de la Ciudad de México en el Senado y en San Lázaro, en cuanto se expidan las leyes de Capitalidad y de Coordinación Metropolitana.
Prevé formalizar el servicio civil de carrera en el Congreso de la Unión, en especial en la Cámara de Diputados.