La batalla legal por la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento está lejos de terminar, a pesar de la victoria del gobierno republicano lograda la víspera, cuando la Suprema Corte limitó los mandatos judiciales a nivel federal.
A pesar del fallo del máximo tribunal, el destino final de la iniciativa de Trump sigue siendo incierto, porque limita la capacidad de los tribunales federales para emitir decisiones de alcance nacional; la jueza Sonia Sotomayor manifestó que es una burla al estado de derecho.
Los defensores de los inmigrantes prometieron seguir la lucha para que se garantice que la ciudadanía por derecho de nacimiento siga siendo ley, y advirtieron que la resolución puede abrir una vía indirecta para restringir derechos constitucionales a determinados ciudadanos.
Varios tribunales federales rechazaron el intento del magnate de negar la ciudadanía a bebés nacidos en territorio estadounidense, que sean hijos de inmigrantes. El gobierno sostuvo que esos fallos deberían aplicarse únicamente en los estados involucrados en las demandas y sólo a los aún no nacidos de madres embarazadas en esas jurisdicciones, sin extenderse a escala nacional.