Debido al plan de austeridad del gobierno, solamente hay cuatro inspectores en San Felipe, Baja California, quienes desde principios de año no tienen instalaciones, equipos, uniformes, ni recursos económicos para trabajar
Los nulos avances en las acciones de protección a la vaquita marina y el combate al tráfico ilegal de pez Totoaba, que tienen a México bajo la amenaza de sanciones comerciales por parte de la comunidad internacional, son reflejo del desmantelamiento de instituciones como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), donde a la fecha se ha despedido al 50 por ciento de su personal.
Debido al plan de austeridad del Gobierno de México, se estima que sólo quedan la mitad de los 605 inspectores que tenía la Profepa, ya de por sí insuficientes para realizar operativos o visitas de revisión en todo el país, con el fin de vigilar y evaluar el cumplimiento de las leyes aplicables en materia forestal, de vida silvestre, uso y aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre, áreas naturales protegidas, prevención y control de la contaminación atmosférica, así como suelos contaminados y residuos peligrosos.
En el caso específico del Alto Golfo de California, hábitat de la
vaquita marina, el presupuesto para inspección y vigilancia destinado
por la Profepa en 2018 fue de cinco millones de pesos directos y 1.5 millones
pesos que se manejaban desde oficinas centrales para viáticos y pasajes del
personal de apoyo, además de que habían convenios con la Secretaría de Marina
(Semar) que facilitaban la operación.