En la mesa “Implementación de la Reforma Laboral”, de las Audiencias Públicas en esta materia, los representantes de los poderes Ejecutivo y judicial y tribunales laborales abordaron el esquema de transición de las juntas de Conciliación y Arbitraje a los juzgados del Poder Judicial, federal y local.
De igual forma, el impacto presupuestal de la implementación de la Reforma Laboral; derechos laborales del personal de la juntas de Conciliación y Arbitraje y atención y desahogo de los juicios en las mismas.
La vicepresidenta de la Mesa Directiva, diputada Dolores Padierna Luna (Morena), expresó que estas reformas están encaminadas a dos aspectos del 123 constitucional: justicia laboral y democracia sindical.
Indicó que la propuesta incluye el uso de tecnología, el buzón electrónico y video conferencias para agilizar los juicios y cuando haya opacidad y deficiencias, será el Tribunal el que actuará para prevenir a los actores que se subsanen a tiempo y lleven las pruebas para proteger los derechos de todos.
Mencionó que en las mesas de este miércoles se abordarán dos temas: derecho colectivo, en donde se tocará la democracia sindical, y el derecho individual y justicia laboral, sobre todos los procedimientos para alcanzar esta última.
Benjamín Robles Montoya, diputado del PT, expresó que no puede haber una Cuarta Transformación sin un nuevo trato laboral. “Urge retomar el tema, porque sin justicia para las trabajadoras y los trabajadores no se logrará; esta justicia implica un nuevo tiempo para los empleados de México y, por ello, estas iniciativas y las audiencias resultan importantes para todos”.
Alfredo Domínguez Marrufo, subsecretario del Trabajo de la STPS, expresó que con esta iniciativa se busca crear los centros de conciliación locales, mismos que quedarán a cargo del Poder Judicial de la Federación; por lo tanto, es necesario adecuar las constituciones de las entidades federativas y leyes orgánicas, a fin de que estos organismos puedan resolver los conflictos laborales.
Enfatizó que la instancia prejudicial será de carácter obligatorio con la salvedad de que se trate de violación a los derechos fundamentales, hostigamiento sexual y discriminación por embarazo.