El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, reconoció que el acuerdo de entendimiento México-Estados Unidos fue bueno en materia de seguridad, combate a los cárteles, sobre el tema migratorio y de comercio derivado del T-MEC.
“Aplaudo la actitud de la presidenta Sheinbaum, quien defendió la soberanía, el territorio nacional y la dignidad de la República. La expresión de congresistas estadounidenses solo se aplica a su país, no debe de ninguna manera pensarse que se aplique extraterritorialmente”.
“Nosotros vamos a respaldar a ella, porque el acuerdo en seguridad se basa en los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, así como la responsabilidad compartida, la colaboración y la confianza mutua entre Estados Unidos y México”, añadió.
“El objetivo de ese acuerdo es trabajar para desmantelar el crimen organizado transnacional, mediante una cooperación bilateral. “Sí estamos de acuerdo en que la migración indocumentada e irregular pueda ser atendida y fortalecer las fronteras, evitar el tráfico de drogas, pero también el tráfico de armas ilícitas”.
Ricardo Monreal recalcó que, en el acuerdo de entendimiento México y Estados Unidos, se llegó a un punto medio para cooperar y colaborar, así como defender la soberanía y la integridad nacional. “Es decir, ni ser entreguistas, ni ser xenofóbicos, y que podamos colaborar.
Reconoció la expresión del secretario Marco Rubio, quien dijo que existe una coordinación excelente entre las dos naciones e incluso agradeció la colaboración de México para asegurar la frontera, pero no excluye la introducción de personas que delinquen en aquel lugar.
Sostuvo que México no puede aceptar que los cárteles mexicanos sean catalogados como terroristas, es muy grave, y ello implicaría una connotación profunda en lo político, jurídico, económico y diplomático. Este tema es muy delicado y es una puerta a la intervención extranjera.
“Si México aceptara esta designación, Estados Unidos u otros países podrían justificar acciones militares, operaciones encubiertas o, incluso, sanciones directas, alejando las garantías individuales y la protección a los ciudadanos, y alegando la lucha contra el terrorismo”, enfatizó.