La Presidencia de la República instruyó a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Seguridad y Atención Ciudadana, informar a la opinión pública del avance de las investigaciones en contra de la dueña de la Fundación Unidos contra la Trata, la panista Rosi Orozco, por la agresión sexual que sufrieron cinco menores de edad en sus albergues y que a la fecha siguen impunes los responsables.
Asimismo, la presidencia de la República pidió informes sobre presuntas irregularidades cometidas por la ex diputada del PAN, Rossi Orozco, en el manejo de recursos públicos destinados a esa asociación civil, además de que utiliza para su beneficio personal las casas que ha obtenido del gobierno para supuestamente atender a víctimas de trata de personas.