La presidenta de Perú, Dina Boluarte, dijo el lunes que está pensando «firmemente» en la pena de muerte, y su Gobierno declaró el estado de emergencia en Lima con el despliegue de las fuerzas armadas para frenar una ola de crimen y extorsiones en el país.
El anuncio se produjo tras el asesinato, el fin de semana, del cantante de uno de los grupos de cumbia más populares del país y nuevas denuncias de extorsión, esta vez contra dueños de colegios privados en la capital, en el inicio del año escolar.
A estos malditos asesinos les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte, porque ningún sicario, ningún extorsionador podrá manchar de sangre a familias que quieren a sus hijos, a emprendedoras y emprendedores que con justo esfuerzo se labran el futuro», dijo Boluarte en un discurso en un colegio estatal de un barrio periférico de Lima.
Desconocidos dispararon la madrugada del domingo contra el autobús que transportaba en Lima al grupo Armonía 10. El cantante Paúl Flores murió por una herida de bala, según la policía.
El caso tuvo gran repercusión pública y aumentó la presión sobre el Gobierno, que, tras una reunión de emergencia de ministros, anunció que declararía el estado de emergencia en la capital con el despliegue militar para combatir el crimen.
La medida, que abarca Lima y la vecina provincia del Callao, estará vigente durante 30 días. Se formalizó más tarde con un decreto supremo publicado en el diario oficial y firmado por Boluarte, que ordena a las fuerzas armadas patrullar la ciudad junto con la policía para garantizar el orden.
La pena de muerte solo es aplicable en Perú por el delito de traición a la patria en caso de guerra, según la Constitución. Además, el país forma parte del Pacto de San José de Costa Rica, que la prohíbe.