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La confrontación del presidente Andrés Manuel López Obrador con el Instituto Nacional Electoral y con la Suprema Corte de Justicia de la Nación subió de tono este fin de semana por la decisión del ministro Javier Laynez Potisek de avalar la controversia constitucional  que promovió el INE contra el Plan B de la reforma electoral y por suspender la vigencia de la norma jurídica en materia electoral que aprobó el Congreso en diciembre pasado.

Mientras la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República adelantó que impugnará la decisión del ministro Javier Laynez porque el marco legal establece que el ámbito electoral no es susceptible de controversias constitucionales y porque la Suprema Corte se excedió en sus funciones al frenar el Plan B de la reforma electoral…Sostuvo la Presidencia de la República que el INE no tiene facultades para cuestionar las normas jurídicas que expidió la Cámara de Diputados.

Sin embargo, el presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova, afirma que la Corte ha frenado una reforma electoral que ponía en riesgo la vida democrática del país, pero la Consejería Jurídica de la Presidencia advirtió que “el ejecutivo federal no permitirá que se violente la Constitución ni el orden jurídico mexicano y solicitará al pleno de la SCJN revocar el acuerdo que admite a trámite la controversia constitucional que interpuso el INE.