La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que preside el diputado Juan Carlos Romero Hicks (PAN), avaló un proyecto de dictamen que reforma el primer párrafo del artículo 215 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para establecer que las resoluciones emitidas por los Tribunales podrán ser impugnadas por la autoridad investigadora.
El legislador explicó que este dictamen corresponde a una iniciativa promovida por el Congreso de Nuevo León para legitimar a la autoridad investigadora a interponer el recurso de apelación, ya que la ley vigente establece que las resoluciones emitidas por los Tribunales podrán ser impugnadas por los responsables o por los terceros, mediante recurso de apelación, sin dejar claridad respecto a si la autoridad investigadora es un tercero en el juicio de responsabilidad administrativa.
Al manifestar su voto a favor, la diputada María Elena Pinete Vargas (PVEM) dijo que incorporar a la autoridad investigadora, “es decir la autoridad de las secretarías, los órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación, las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, constituye un gran paso para que no haya confusiones que deban dirimir en largos juicios, y contribuye al imperativo constitucional de una justicia pronta y expedita que demandan las y los mexicanos”.