La Auditoría Superior de la Federación inició 31 expedientes de investigación que derivaron en 21 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por un posible daño al erario por más de 600 millones de pesos e involucraría a 30 servidores públicos de los tres órdenes de gobierno.
Así lo informó Aureliano Hernández-Palacios Cardel, titular de la ASF, al destacar los resultados obtenidos durante sus primeros 100 días de gestión y la entrega de los primeros informes individuales de la Cuenta Pública 2025.
Estos resultados son producto de las nuevas atribuciones otorgadas por la Cámara de Diputados y el Senado. Ahora, la ASF tiene la capacidad de investigar directamente las irregularidades, reduciendo drásticamente los tiempos burocráticos.
“Las 31 investigaciones son resultado de las modificaciones legales (…) Antes, un proceso de investigación nos llevaba cerca de dos o tres años tan solo para poder empezarlo”, explicó Hernández Palacios Cardel.
La FGR será la autoridad encargada de determinar la responsabilidad legal de los 30 servidores públicos ya identificados en estos expedientes.
Recuperación histórica de recursos para municipios
Durante su comparecencia ante la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados, el auditor también resaltó el éxito en las auditorías realizadas -las cuales no han concluido- a los 32 estados de la República y a la Secretaría de Hacienda.