La Cámara de Diputados inició el trámite legislativo para reformar el Código Penal Federal, a fin de aumentar las penas carcelarias hasta en más de la mitad de las que están vigentes a quienes cometan fraude a un adulto mayor, a través de plataformas digitales.
La propuesta, enviada a la Comisión de Justicia para dictamen, plantea modificar el artículo 386 del citado Código, que actualmente señala que comete el delito de fraude el que engañando a otra persona o aprovechándose de un error en el que ésta se encuentre, se haga ilícitamente de alguna cosa o alcance un lucro indebido.
El delito de fraude se castigará de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a 100 veces el salario, cuando el valor de lo defraudado excediera de 10, pero no de 500 veces el salario y de tres a 12 años de prisión y multa hasta de 120 veces el salario, si el valor de lo defraudado fuera mayor de 500 veces el salario.
La iniciativa propone que las penas previstas en las fracciones anteriores se aumenten hasta en una mitad, en su mínimo y máximo, cuando el fraude se cometa mediante el uso de medios electrónicos, plataformas digitales, aplicaciones y mensajes electrónicos o de texto, páginas de internet o cualquier otro medio tecnológico y la víctima sea una persona adulta mayor.
Señala que se entenderá por persona adulta mayor a quien tenga sesenta años o más, conforme a la legislación aplicable.
La modificación que promueve no crea un nuevo delito ni pretende criminalizar el uso de herramientas digitales; por el contrario, reconoce que los medios tecnológicos pueden ser utilizados como instrumentos para ejercer conductas que ya se encuentran prohibidas por la legislación penal cuando sean utilizadas en contra de grupos de la población vulnerables.
La iniciativa busca enviar un mensaje claro en el sentido de que la tecnología debe estar al servicio de las personas y no convertirse en una herramienta para aprovecharse de quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.
Puntualiza que no se deber permitir que la modernización tecnológica avance más rápido que la capacidad del Estado, por lo que la penalización se debe adaptar a las nuevas formas en que se cometen los delitos, en particular cundo son utilizadas para facilitar el engaño y afectar el patrimonio de las personas adultas mayores.