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Para establecer que la producción, tráfico, comercialización y consumo de sustancias psicoactivas no serán criminalizadas por el Estado, la diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla (MC) impulsa una iniciativa.

Señala que la política pública respecto al consumo de sustancias psicoactivas deberá construirse desde una óptica regulatoria y recaudatoria, que mitigue los riesgos relacionados con su producción y consumo.

La propuesta de reforma a los artículos 4º y 73 de la Constitución Política, en materia de descriminalización de sustancias psicoactivas y recaudación fiscal, enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales, contempla facultar al Congreso de la Unión para establecer contribuciones especiales sobre esas sustancias.

Además, en el régimen transitorio menciona que el Ejecutivo Federal emitirá un Plan Nacional de Atención al Consumo de Sustancias Psicoactivas, con la finalidad de garantizar la salud de las personas consumidoras, en tanto que los titulares de las entidades federativas deberán hacer lo propio en un plazo máximo de 180 días a partir de la emisión del citado plan.

Indica que el Congreso de la Unión modificará la legislación aplicable en materia fiscal y penal en un plazo de 365 días a partir de la entrada en vigor del decreto. Para ello, realizará ejercicios de parlamento abierto en los que podrá participar toda la sociedad.

También, en un plazo de 365 días, el Ejecutivo Federal deberá emitir los lineamientos de la política fiscal para gravar la producción, tráfico, comercialización y consumo de sustancias psicoactivas, mientras que las legislaturas locales deben realizar adecuaciones normativas para cumplir con el decreto.

Ballesteros Mancilla expone que el consumo y producción de sustancias psicoactivas no debe ser tratado desde un enfoque punitivo, sino desde uno regulatorio, que permita al Estado recaudar impuestos para invertir en salud y seguridad.

La intención, añade, es sentar una de las bases para finalizar la guerra iniciada por el prohibicionismo, quitarle una de sus principales fuentes de ingresos al crimen organizado y abordar el consumo de sustancias desde una perspectiva de salud pública, y no de política criminal.