En un paso decisivo para la política de austeridad en México, la mayoría de los Congresos locales han aprobado la reforma constitucional que elimina las llamadas “pensiones doradas”. Esta medida busca poner fin a los retiros millonarios de exfuncionarios públicos y redistribuir los recursos hacia sectores más vulnerables de la población.
¿Qué son las pensiones doradas y por qué se eliminan?
Se conoce como “pensiones doradas” a los esquemas de retiro extraordinarios que benefician a altos mandos del Poder Judicial, organismos autónomos y exgobernadores. Estas sumas suelen superar por mucho el tope máximo de las pensiones promedio de los trabajadores mexicanos.
Con la aprobación en los estados, se consolida el marco legal para:
- Fijar topes máximos: Ninguna pensión proveniente de recursos públicos podrá exceder el salario del Presidente de la República.
- Eliminar privilegios: Se suprimen los fondos especiales y fideicomisos destinados a financiar retiros de lujo.
- Transparencia: Se obliga a las instituciones a transparentar el padrón de beneficiarios y montos asignados.
El proceso de ratificación en los estados
Tras ser aprobada por el Congreso de la Unión, la reforma requería el aval de al menos 17 legislaturas estatales (la mitad más uno) por tratarse de una modificación constitucional.
Este viernes, la meta fue alcanzada tras la votación en los congresos locales de entidades clave, donde los legisladores argumentaron que la medida es una respuesta a la demanda ciudadana de equidad salarial y justicia distributiva.
Impacto económico y social
El ahorro generado por la eliminación de estos privilegios será destinado, según el dictamen, al fortalecimiento de las pensiones para los trabajadores de menores ingresos y al sistema de salud pública.
“No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. La aprobación de esta reforma en los estados es un triunfo de la austeridad republicana”, señalaron voceros de las coaliciones mayoritarias durante las sesiones.
¿Qué sigue para la reforma?
Una vez que el Congreso de la Unión reciba las notificaciones oficiales de los estados, se realizará la declaratoria de constitucionalidad. Posteriormente, el Ejecutivo Federal publicará el decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su entrada en vigor inmediata.