La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó la minuta de la reforma al Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, para endurecer las penas contra la piratería y el uso indebido de logotipos de instituciones de gobierno para cometer fraudes.
Esta reforma ha sido calificada por los diputados de oposición como una “ley antimemes”, que va en contra de la libertad de expresión. El dictamen fue aprobado por 23 votos en favor y diez en contra, por lo que fue enviada a la Mesa Directiva de San Lázaro, para su discusión en el pleno en la sesión de este miércoles.
Como ocurrió desde el análisis del dictamen en el Senado –donde se aprobó el 30 de septiembre pasado–, los grupos parlamentarios de oposición argumentaron que la enmienda es intencionalmente ambigua y deja abierta la puerta a castigar la parodia, la sátira y la crítica política, por lo que promueve la censura o la autocensura.
La panista Paulina Rubio cuestionó la razón por la que los promotores de la reforma no quisieron incluir un párrafo para señalar explícitamente que las disposiciones del artículo 403 bis de la LFPPI no afectarán la libertad de expresión, y afirmó que este es “el tercer intento de censura” por parte del gobierno a través de enmiendas legales.
Dicho apartado sanciona el uso indebido de la identidad gráfica oficial con fines de engaño y fraude, con penas de uno a cinco años de cárcel, y multas que van de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigentes.
Según la legisladora, la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum es una “manzana envenenada”, pues a su juicio el mencionado artículo queda “sujeto a ambigüedad e interpretación” de los órganos jurisdiccionales, los cuales –dijo— han sido cooptados por el gobierno.
A manera de ejemplo de la posible utilización de la reforma para censurar, mencionó el caso de un caricaturista en el estado de Jalisco, que fue sancionado por publicar un cartón de una diputada local de Morena, quien se quejó por el supuesto uso de la obra como “violencia política en razón de género”.
Por su parte, el priísta Alejandro Domínguez coincidió en que la redacción del artículo 403 bis deja espacios abiertos a la “incertidumbre”, al no incluir de manera expresa que las sanciones no aplicarán para los contenidos relacionados con el periodismo, la educación, la sátira, la parodia y la crítica política, en ejercicio de la libertad de expresión.
“Allá ustedes y su conciencia”
En defensa del dictamen, Karina Piceno (Morena) aseguró que la oposición, “con ánimo de desinformar, o con supina y tóxica ignorancia, ha bautizado la reforma como ‘ley antimemes’, pero no hay nada más falso y alejado de la realidad”, pues en el documento no se menciona el término “meme”.
El único objetivo de la enmienda, aseguró, es “actualizar la norma en la materia, que está profundamente desfasada, para que haya correspondencia entre la realidad social y la ley”. Lo anterior, explicó, porque actualmente se debe comprobar que hubo “ánimo de lucro” en un acto de piratería, lo cual es muy difícil de comprobar, y abre la puerta a la impunidad.
En ese tono, aseguró que es “falso” que el propósito sea castigar a quien publique una caricatura sobre personajes políticos, que esté en riesgo la libertad de expresión, o haya una redacción ambigua del artículo 403 bis, sujeto a interpretaciones arbitrarias.
Para aplicar sanciones, aclaró, deben cumplirse tres elementos: “que se use identidad gráfica institucional o documentos oficiales, que sea a escala comercial y con la intención de inducir error o engaño para cometer un ilícito. Si llegase a faltar uno sólo de estos elementos, no hay delito”.
Por ello, cuestionó a la oposición: ¿Quieren proteger la piratería y al delincuente? Mejor levanten el velo y digan abiertamente sus sucias y perversas intenciones. Allá ustedes y su conciencia”.