Para prohibir cirugías estéticas en menores de 18 años, salvo aquellas con carácter reconstructivo por malformaciones congénitas, accidentes, enfermedades o situaciones médicamente justificadas, María Teresa Ealy Díaz (Morena) impulsa una iniciativa.
Con la adición del artículo 272 Bis 7 a la Ley General de Salud, busca señalar que en todos los casos excepcionales deberá cumplirse los requisitos de dictamen favorable emitido por un comité médico especializado.
También, el consentimiento informado del padre y la madre o, en su caso, de quien ejerza la patria potestad, tutela o guarda y custodia, y manifestación de voluntad de la persona menor de edad conforme a su grado de madurez.
Además, las autoridades sanitarias competentes deberán vigilar el estricto cumplimiento de esta disposición, y la Secretaría de Salud, en coordinación con la COFEPRIS, emitirá los lineamientos y normas oficiales correspondientes.
En el documento, enviado a la Comisión de Salud, Ealy Díaz indica que las y los menores de edad enfrentan crecientes presiones sociales y culturales vinculadas a los estándares de belleza, que promueven la realización de procedimientos estéticos a edades cada vez más tempranas.
Relata que la industria de la cirugía plástica y estética se ha expandido sin que existan límites claros respecto de la atención a este sector de la población, lo que genera riesgos graves para la vida, la salud y la integridad personal.
Refirió el caso de una niña de 14 años fallecida en Durango, tras someterse a una cirugía estética, lo que visibiliza la urgente necesidad de contar con un marco normativo que proteja de manera efectiva a las y los menores de estas prácticas.
Y es que la ausencia de una regulación expresa en la Ley General de Salud permite que clínicas, consultorios y profesionales de la salud realicen procedimientos invasivos sin que medien restricciones de edad ni protocolos específicos para salvaguardar el interés superior de la niñez.
La regulación de las cirugías estéticas en personas menores de edad –añade– constituye un paso indispensable para garantizar el respeto al derecho a la salud, a la integridad y al desarrollo pleno de la niñez y la adolescencia en México.