Con ráfagas de fusiles de asalto, miembros del crimen organizado atravesaron la parte frontal de los vehículos que conformaban la caravana de avanzada de la vicepresidenta Francia Márquez, al suroccidente de Colombia. Casualmente el atentado ocurrió al momento en que Salvatore Mancuso, el ex jefe paramilitar más sanguinario de la guerra contrainsurgente de los años 80 y 90, recuperó su libertad tras pagar una condena de 15 años en Estados Unidos y pasar los últimos cuatro meses en la cárcel La Picota de esta capital.
Voceros de la policía metropolitana de Cali, la ciudad capital más cercana al lugar del atentado, dijeron que no hubo personas heridas y aclararon que la alta funcionaria no iba en la caravana. “Esta vez no tenemos hechos que lamentar, pero reitero mi enorme preocupación por el departamento del Cauca y por la tensión permanente que está viviendo mi gente todos los días en toda la región”, comentó en X la vice presidenta, cuyo padre fue víctima de un atentado similar el pasado 16 de junio.
Con más de 4 mil imputaciones por acciones criminales, Mancuso podrá comenzar a ejercer desde mañana como “gestor de paz”, cargo que le ofreció el presidente Gustavo Petro con el ánimo -argumentó- de que el país conozca a fondo la tragedia humanitaria que vivió por más de treinta años, cuando el presidente Álvaro Uribe (2002-2010) puso en marcha la política de “seguridad democrática”.
Desde que se anunció, el año pasado, el regreso de Mancuso a Colombia, las fuerzas políticas más conservadoras, así como los caciques regionales y no pocos empresarios, dejaron ver su preocupación por lo que pueda decir el hombre a quien le entregaron buena parte del trabajo sucio para “acabar con las guerrillas”: masacres de miles de campesinos, desplazamiento forzado de millones de personas y asesinatos selectivos.
De hecho, Mancuso ya ha revelado detalles de sus reuniones con Uribe, entonces gobernador de Antioquia, para planificar la estrategia de tierra arrasada que luego se pondría en marcha con la complicidad de las Fuerzas Militares y la indolencia de las autoridades municipales y judiciales.