Combatir la evasión y la elusión fiscal sin aumentar impuestos y avanzar hacia la formalidad económica mediante una nueva Ley de Economía Digital, son dos de los objetivos del paquete económico 2027 enviado al Congreso, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Explicó que la Ley de Economía Digital busca reducir el uso de efectivo en las transacciones cotidianas. «Queremos ir disminuyendo el efectivo y que se pague cada vez más por vías electrónicas, de forma sencilla», señaló, y añadió que ese cambio «disminuye las comisiones que se pagan a los bancos» y «ayuda también para el tema de seguridad».
Precisó que la iniciativa, que será explicada con más detalle en una próxima conferencia, «ayuda, como se ha demostrado en otros países, a la formalización de la economía, a través de una mayor digitalización pues de todo lo monetario».
La mandataria detalló que junto con la Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos —entregados el 8 de septiembre, conforme lo marca la ley— se enviaron reformas para apoyar a las micro y pequeñas empresas, principalmente en materia de simplificación de trámites, tema que dijo se abordará este jueves con la participación de la Secretaría de Economía.
En su intervención, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, precisó que el paquete económico contempla la Ley de Ingresos, el decreto de Presupuesto de Egresos y modificaciones a la Ley del ISR, la Ley de Derechos y la Ley Aduanera.
Sobre el combate a la evasión fiscal, adelantó que existe «un conjunto de medidas muy importantes» orientadas a «combatir a las factureras y la evasión y la elusión fiscal, teniendo así más eficiencia en la recaudación sin aumentar los impuestos».
“Se trata de medidas exclusivamente para controlar, para evitar que haya mayores incentivos al uso de empresas con operaciones simuladas». Añadió que el paquete se sostiene en cinco pilares: crecimiento económico entre 1.5 y 2.5%, protección de los programas de bienestar, fortalecimiento de los ingresos, un gasto más eficiente y una reducción del déficit público de 4.1 a 3.9% del PIB.