La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que preside Ricardo Mejía Berdeja (PT), se reunió con la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, presidida por Marco Antonio Medina, fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Guanajuato.
Mejía Berdeja destacó la importancia de este diálogo, al subrayar que de nada serviría contar con instrumentos de transparencia y anticorrupción en los poderes ejecutivos si no hay este brazo punitivo que pueda perseguir los delitos que tanto afectan a la sociedad.
Dijo que no debe quedar la sensación de impunidad o de que no se puede hacer nada; por ello, hay que plantear la situación, para ver qué se puede hacer desde el Poder Legislativo y ayudar en el combate a la corrupción y así mejorar al país.
En este sentido, resaltó que es fundamental establecer un equipo de trabajo para conformar una agenda conjunta con la CONAFA para armonizar jurídicamente los temas en materia de homologación de penalidades sobre los delitos de corrupción, autonomía de las fiscalías, prescripción de los delitos y el tema presupuestario.
El presidente de la CONAFA, Antonio Medina Torres, afirmó que la lucha contra la corrupción es un tema primordial en materia legislativa que obliga a construir una agenda común, y no puede ser una tarea aislada de las fiscalías anticorrupción ni un simple eje de gobierno.
Tiene que ser, agregó, una política de Estado en coordinación plena entre los poderes de los estados y los tres niveles de gobierno. Por eso, alienta ver que existe voluntad política, que hay comisiones activas que escuchan y quieren legislar con seriedad, pues la corrupción no distingue ideologías partidistas ni clases sociales.
“Es un cáncer que carcome los cimientos de nuestra sociedad; por lo tanto, necesitamos leyes claras, instrumentos eficaces y marcos jurídicos modernos que no solo persigan la corrupción, sino que la prevengan y sancionen de forma contundente”, enfatizó.
Dijo que la lucha contra la corrupción no solo requiere de voluntad política sino de una arquitectura institucional que funcione de manera coordinada, para lo cual es indispensableF construir y mantener una agenda común entre las fiscalías anticorrupción y los poderes legislativos estatales y federal.