La nueva ley de aguas ha permitido detectar un presunto adeudo de casi 12 mil millones de pesos de empresas “que, de no regularizarse, van a tener sanciones correspondientes e incluso la cancelación de sus títulos” de manejo del recurso.
El titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, presentó algunos de los casos donde particulares que tienen concesiones de agua para uso agrícola, que el Estado entrega de manera gratuita, y pese a ello lucraba con el recurso al transmitirlo por pagos millonarios a particulares para distintos usos.
A la fecha, dijo el funcionario, se han realizado 7 mil 614 inspecciones, de ellas han terminado mil seis en clausuras para personas que utilizaban los títulos o concesiones de agua de manera ilegal.
Uno de los ejemplos presentados en la mañanera fue el de los municipios de Baja California, que desde 2002 compran el recurso a un distrito de riego bajo la figura de transmisiones a fin de darle uso para los habitantes del estado.
“En últimos cinco años han tenido que pagar más de 531 millones de pesos, a unas cuantas personas”, expuso Morales López. A lo que la mandataria federal agregó que ese lucro se quedaba en manos de unas cuantas personas y venía derivado de un recurso de la nación.
Otro caso expuesto en la conferencia matutina presidencial es el de la familia Calzada, del ex gobernador de Querétaro José Eduardo Calzada Rovirosa (PRI), que cuenta con concesiones para uso agrícola de agua y cambian de uso de 628 mil metros cúbicos para comercializarlos en pipas.
Esa familia queretana tiene otro título que usa para abastecer de servicios a desarrollos inmobiliarios y a un club de polo, donde hay esquís acuáticos y se tienen áreas verdes muy grandes.
Durante las discusiones en el Congreso para la aprobación de la nueva ley del agua, destacó la presidenta, el diputado del PRI, Mario Calzada, de esa familia, se opuso en tribuna a la nueva normativa.
“La familia Calzada en Querétaro tenía concesiones de agua para riego agrícola. Que no paga el agua, así está en la ley, el agua utilizada para producción de alimentos no paga derecho a la Conagua. Lo que pasaba con la antigua ley es que tenían derecho a usarlo o transmitirlo a otros usos sin reportarlo a la Conagua.
¡Ah, pero en realidad esa agua no era utilizada para producir alimentos, sino para un lugar residencial que tiene un campo para jugar polo, mientras la gente de a un lado no tiene agua o para vender agua en pipas!”, apuntó.