El Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias organizÒ el segundo y último módulo del curso “Generalidades sobre la evaluación, acción pública y parlamentos 2024”, impartido por el investigador parlamentario Sergio Sierra Romero, quien resaltó que la evaluación mejora el rol de los legisladores al fortalecer su desempeño en los debates, legitimando sus decisiones y acciones.
Además, posiciona las decisiones políticas sobre una base racional y objetiva y, por tanto, menos vulnerable, y también proyecta una imagen de un legislador bien informado que puede representar, de manera competente, a los intereses de sus votantes, abundó. Explicó que la investigación parlamentaria es un proceso metodológico y sistemático de integración y/o generación de información y análisis especializados, objetivos, confiables e independientes.
Dicha investigación tiene como objetivo apoyar la profesionalización de los trabajos legislativos, fundamentar la toma de decisiones de las y los legisladores respecto a problemas públicos, fortalecer sus capacidades de supervisión, seguimiento y evaluación, identificar con anticipación temas relevantes para la agenda parlamentaria y difundir el conocimiento resultante de dicha investigación.
Puntualizó que la evaluación es un área de oportunidad para la investigación parlamentaria, porque existe una interacción entre ambos ecosistemas, la cual ha sido marginal; no obstante, mantienen una similitud de objetivos y funciones.
Señaló que, en todo el ciclo presupuestario de la Cámara de Diputados existen estos elementos de evaluación, como lo es el Programa Anual de Evaluación de los Programas Presupuestarios y Políticas Públicas de la Administración Pública Federal para los ejercicios fiscales, que tiene como fin dar a conocer las evaluaciones que se llevarán a cabo o iniciarán en dicho ejercicio fiscal, así como las políticas, programas y acciones a los que se aplicarán.
Martín García Osorio, director de estudios de constitucionalidad del CEDIP, aseguró que este curso se caracterizó por las contribuciones de las y los participantes.
Concluyó que la evaluación a los instrumentos normativos, como es la Constitución Política y las leyes que de ella emanan, es un aspecto relevante para contar con evidencia objetiva de sus resultados impactos y desempeño institucional; además, es fuente de aprendizaje para el mejoramiento continuo, así como elementos sustantivos para la rendición de cuentas.