La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, rechazó que las investigaciones vinculadas al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, obedezcan a una «persecución política» o funcionen como una «cortina de humo».
Durante la conferencia de Derecho de Réplica, la funcionaria federal enfatizó que el asunto responde a una investigación de la Fiscalía General de la República sobre un esquema de contrabando de combustible, que involucra un daño al erario por 4 mil 600 millones de pesos.
Luisa María Alcalde señaló que el expediente involucra un presunto contrabando de combustible por 4 mil 600 millones de pesos y sugirió que el Tribunal de Disciplina Judicial evalúe la actuación del juez de amparo que frenó la orden de aprehensión inicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) señala al exgobernador de Baja California como presunto integrante o líder de una red criminal dedicada al contrabando de hidrocarburos. El daño total a la Hacienda Pública se ha estimado formalmente entre 4 mil 400 y 4 mil 600 millones de pesos.
De acuerdo a las autoridades, a través de la empresa aduanera Ingemar (fundada por el exmandatario), presuntamente se ingresaban al país millones de litros de diésel y gasolina en trenes provenientes de Texas. Al llegar a aduanas mexicanas en Tamaulipas, se reportaba falsamente solo el 10% de la carga real.
Hija de Ruffo Appel pide protección de EU
Verónica Ruffo Sánchez, hija del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR), de delincuencia organizada y huachicol fiscal, acudió este miércoles a la sede de la embajada de los Estados Unidos en México para solicitar su respaldo y protección, luego de señalar que víctima de hostigamiento por la defensa que ha hecho de su padre, recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.
“Vengo a buscar apoyo y hacer unas denuncias”, se escucha en el diálogo que tuvo con personal de seguridad de la representación diplomática que le recibió un documento.
Previo a su visita a la embajada, Verónica pidió a la Fiscalía General de la República dejar de decir “datos incorrectos” sobre la acusación a su padre, a quien consideró un “preso político” del Gobierno de México.