La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que preside la diputada Gabriela Benavides Cobos (PVEM), continuó con las audiencias públicas para analizar la iniciativa de una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con la participación de organizaciones sociales, comunidades indígenas y rurales, especialistas y productores.
La diputada Benavides Cobos señaló que la nueva ley debe fortalecer la protección ambiental, garantizar la participación de las comunidades y brindar certeza jurídica. En este ejercicio se recabarán las propuestas de organizaciones, especialistas, pueblos y sectores productivos para enriquecer el proyecto.La diputada Irma Juan Carlos (Morena) planteó armonizar la nueva legislación con el artículo 2° constitucional, en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas, así como considerar su consentimiento en las decisiones ambientales que afecten sus territorios.
A su vez, el diputado Joaquín Zebadúa Alba (Morena) indicó que las propuestas recibidas serán incorporadas al análisis técnico de la iniciativa y al proceso de dictaminación. Entre los temas a revisar, mencionó los corredores bioculturales y los planteamientos formulados por comunidades y organizaciones.
La diputada Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez (Morena) consideró que las audiencias constituyen un espacio de escucha y retroalimentación entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, con el acompañamiento de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Agregó que las aportaciones serán discutidas en la Comisión para avanzar en una legislación que proteja el medio ambiente y evite cargas administrativas innecesarias.
Por parte de la Semarnat, la subsecretaria de Regulación Ambiental, Ileana Villalobos Estrada, resaltó la importancia de escuchar a organizaciones de la sociedad civil, comunidades indígenas y no indígenas, así como a los distintos sectores involucrados en la protección ambiental.
De la misma dependencia, el subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular, José Luis Samaniego Leyva, indicó que los instrumentos legales son resultado de amplias discusiones, aunque todavía requieren ajustes. Por ello, expresó la disposición de la dependencia para recibir propuestas que contribuyan a alcanzar consensos en torno a la nueva legislación.
Durante la continuación de la Mesa 2, “Participación social y protección del medio ambiente”, representantes de comunidades indígenas y rurales, personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil propusieron fortalecer la aplicación del Acuerdo de Escazú, proteger a quienes defienden el medio ambiente y mejorar la coordinación entre Profepa, Conagua y Conapesca. También plantearon incorporar los corredores bioculturales y fortalecer la participación comunitaria en las acciones de conservación.
Entre las propuestas se incluyeron fortalecer la evaluación ambiental estratégica, garantizar recursos para cumplir las nuevas obligaciones, mejorar la trazabilidad del gasto climático y establecer mecanismos de participación ciudadana. En materia de plaguicidas, solicitaron revisar las autorizaciones con base en evidencia científica, reducir el uso de sustancias altamente peligrosas y brindar certeza jurídica a los productores, evitando la duplicidad de trámites.
De igual manera, se propuso crear un Programa Nacional de Restauración Ambiental, reconocer los corredores bioculturales, impulsar la industria verde, fortalecer la educación ambiental, establecer mecanismos para proteger especies en riesgo y considerar la transición energética dentro de la legislación.