Ante la corrupción en el INFONAVIT, que involucra a ex directores, notarios públicos y peritos valuadores, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió denuncias penales y administrativas en contra de quienes lucraron con el fondo de ahorro de los trabajadores y los créditos de vivienda.
Descartó que se trate de un asunto político, por lo que remarcó que las reformas al instituto en realidad pretenden proteger el ahorro de los trabajadores, construir viviendas y transparentar la labor del organismo.
“Lo que estamos haciendo es proteger el ahorro de las y los trabajadores, contrario a lo que está diciendo la oposición que —señalan— que se quiere hacer una ‘apropiación’ de los fondos. ¡No, todo lo contrario! Se van a proteger los ahorros de los trabajadores y vamos a construir vivienda social de manera transparente, para que el Infonavit cumpla con su función que es el acceso a la vivienda”, enfatizó.
En la mañanera de este jueves, la mandataria federal acentuó que el instituto presentará las denuncias correspondientes, pero atajó a que el tema no es político, esto ante la insistencia de si hay ex directores generales señalados.
“Lo quieren hacer político, pero no es político, es un asunto de defensa del ahorro de los trabajadores. La mayor corrupción que se habló ayer se dio en el último periodo de Peña Nieto, y otras que vienen de antes, de una visión del Infonavit de cobrarle y cobrarle a los trabajadores, que nunca acababan de pagar su deuda”.
Se van a presentar las denuncias que tenga que presentar el Infonavit” y se propone cambiar la ley para que el director del instituto pueda tener la rectoría del mismo —pues hoy no sucede así—, además para eliminar las direcciones sectoriales “que no tienen sentido.
Son la de la representación empresarial y la sindical, y que siga siendo un organismo tripartito donde todos decidan, las organizaciones empresariales, las de los trabajadores y el gobierno”.
La jefa del Ejecutivo federal resaltó que quienes en su momento hicieron negocio con los recursos de los trabajadores, fueron los que han obstaculizado las auditorías y la fiscalización bajo el argumento de cómo se trata de fondos de los trabajadores, éstos son privados.