El ex alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca y Felipe Flores Velázquez, ex secretario de Seguridad Pública municipal, así como otras 26 personas, fueron sentenciados a 60 años de prisión por los homicidios de seis personas, entre ellos por el normalista de Ayotzinapa, de Julio César Mondragón, que concluyeron con la desaparición de otros 43 estudiantes.
Asimismo, se les condenó por delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de 61 personas vinculado con el ataque perpetrado por la Policía Municipal en contra el equipo de Fútbol Los Avispones en septiembre de 2014.
Julio César Mondragón participó en las movilizaciones que realizaron sus compañeros de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. El normalista intentó huir ante los disparos que hicieron los policías municipales, pero al día siguiente se encontró su cadáver, sin rostro.
La sentencia de Irving Joan González Balleza, juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Matamoros, Tamaulipas, establece que Abarca Velázquez actuó como actor intelectual y Flores Velázquez como autor material. Es decir, un tribunal reconoce que autoridades del Estado están en el origen de estos crímenes.
Los abogados del ex entonces presidente municipal de Iguala impugnaron el fallo de primera instancia para que el caso se turne a un tribunal colegiado quien determinará si confirma, modifica o revoca el fallo del juzgador.
Abarca Velázquez ingresó en 2014 al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, que se localiza en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, luego de ser detenido por su presunta responsabilidad en la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, pero en mayo de 2025, un juez federal en materia de amparo y juicios federales del Estado de México informó que fue trasladado al penal federal de Coahuila, tras permanecer más de 10 años en el penal del máxima seguridad.
En aquella ocasión, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal señaló que el cambio del ex servidor público, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero, se realizó el 30 de abril de este año, desde donde fue llevado al Centro Federal de Readaptación Social número 18 de Coahuila.
En la actualidad enfrenta una condena de 20 años de prisión por el homicidio de Justino Carbajal Salgado, un activista social que fue asesinado en marzo de 2013. Asimismo, está sujeto a procesos penales por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos contra la salud.
Sobre la sentencia, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, que acompaña a la familia de Julio César, señaló que si bien esto “es un paso después de doce años de espera. También es incompleta: deja fuera la tortura”.
En un pronunciamiento, afirmó que este delito no prescribe en la memoria de una familia, y tampoco en las obligaciones del Estado. Refirió que la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de la que México es parte, obliga a las autoridades a investigar de oficio y de inmediato cuando hay razón fundada para creer que se cometió, y a sancionarla con penas severas.
Por ello, resaltó que la familia de Julio César y la Red exigen que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue el caso como tortura, con los dictámenes forenses que ya existen, y lleve a juicio a quienes la cometieron, ordenaron o permitieron.
Asimismo, que la FGR haga valer en la segunda instancia todo lo que la sentencia dejó sin resolver respecto de Julio César, y que la reparación del daño reconozca la tortura y sea integral para su familia.