Por la detención arbitraria, posterior retención ilegal y tortura en agravio de 17 personas en los estados de Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas, atribuibles a 32 elementos navales, a los que se suma la violación del derecho al acceso a la justicia de esas víctimas por parte de 17 Agentes del Ministerio Público Federal que dilataron u omitieron iniciar la investigación penal por el probable delito de tortura, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 29/2018, dirigida al Secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, y al Titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, en Suplencia del Procurador General de la República, Alberto Elías Beltrán.
El Organismo Nacional , detalla que en el periodo 2013-2017 se recibieron quejas de las víctimas y sus familiares, así como información derivada de vistas formuladas por autoridades ministeriales y jurisdiccionales, integrándose los 12 expedientes que se incluyen en esta Recomendación, y se acreditó que, tras su detención, las víctimas fueron llevadas a instalaciones de la SEMAR, donde fueron agredidas y permanecieron retenidas bajo la custodia de los elementos aprehensores, para finalmente ser puestas a disposición del Ministerio Público Federal e iniciar las averiguaciones previas correspondientes por la probable comisión de delitos del orden federal.
La CNDH destacó que la Recomendación se dirige, en primer término, a la SEMAR, porque los hechos se encuentran relacionados con una práctica constante en la que los elementos navales realizan detenciones de personas alegando supuestos casos de flagrancia o Denuncias anónimas que derivan en actos violatorios de derechos humanos
Como resultado de la investigación, la CNDH advirtió que los elementos navales transgredieron los derechos a la libertad, integridad y seguridad jurídica y personal de 4 mujeres y 13 hombres, 11 de estas personas también sufrieron violencia sexual, mientras que los actos violatorios consistieron en el amarre de manos y/o pies, golpes, vendado de ojos, agresiones psicológicas, descargas eléctricas, tablazos en glúteos, espalda, piernas, espinillas y plantas de los pies e intentos de asfixia. Este tipo de agresiones determinó que se emitiera el Acuerdo de Violaciones Graves a los Derechos Humanos en la presente Recomendación a la SEMAR.
Por otro lado, la CNDH consideró que los Agentes del Ministerio Público Federal violentaron el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, porque dilataron u omitieron iniciar una investigación seria, imparcial y efectiva por el probable delito de tortura; ya que conocieron de manera individual los 12 casos de la Recomendación y tuvieron elementos suficientes para iniciar una indagatoria penal por el probable delito de tortura. Sin embargo, hasta este momento solo en cinco casos se ha iniciado la averiguación previa correspondiente, cuando ha transcurrido un término que oscila entre uno y tres años para el comienzo de su integración. Respecto de los otros siete casos, se desconoce si se tramita la investigación ministerial conducente.
Por ello, la CNDH recomendó al Secretario de Marina reparar el daño a las 17 víctimas y realizar su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas; colaborar en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que se formule ante la PGR para que investigue al personal naval que participó en los hechos; colaborar en el trámite y seguimiento de la queja que se promueva ante la instancia competente de la SEMAR contra los elementos navales involucrados en los hechos y, en caso de que la facultad de sanción esté prescrita, se incorpore copia de la Recomendación en el expediente laboral de éstos.
También deberá capacitar en materia de derechos humanos con perspectiva y equidad de género a los servidores públicos de la SEMAR, que incluya al personal médico; se elabore o actualice un Protocolo para que servidores públicos de esa Secretaría empleen en todos sus operativos cámaras fotográficas, de videograbación y grabación de audio; se implementen políticas públicas que permitan identificar y reducir los riesgos y puntos de vulneración de los derechos humanos, cuando la SEMAR coadyuve en funciones de seguridad pública, a través de un plan institucional que permita identificar los puntos y aspectos de riesgo en que se vulneran los derechos humanos de los detenidos y las medidas necesarias para prevenirlos y mitigarlos.
Este Organismo Nacional recomendó a la Procuraduría General de la República continuar las diligencias legal y materialmente necesarias para determinar cinco averiguaciones previas conforme a derecho; colaborar en la presentación y seguimiento de la queja que promueva ante la instancia competente en la PGR contra 17 Agentes del Ministerio Público Federal responsables y, en caso de que la facultad de sanción esté prescrita, se incorpore copia de la Recomendación en el expediente laboral de los servidores públicos que resulten responsables.