El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, subrayó que la falta de transparencia, omisiones, duplicidades, la falta de un registro único de padrones de programas sociales y sus beneficiarios, facilitan que esos recursos sean utilizados con fines electorales y para cometer actos de corrupción.
“Los registros que utilizan las áreas ejecutoras de programas se encuentran dispersos y no existe ningún grado de integración entre los mismos. Hay que añadir que no existe ningún catálogo que incluya la totalidad de programas y políticas del país, lo cual es un factor que dificulta su correcta vigilancia”, apuntó.
“Es importante mencionar que con frecuencia, los gobiernos de las entidades federativas desarrollan proyectos sin un adecuado diagnóstico, los cuales en muchos casos son de aplicación temporal. Este tipo de programas constituye un área proclive a la corrupción, debido a la nula transparencia y rendición de cuentas sobre su destino”, abundó Portal Martínez.
El titular del órgano fiscalizador, señaló que la problemática del uso de programas sociales con fines electorales, se agrava cuando las autoridades locales aprovechan elementos como la duplicidad de planes, la poca claridad en los padrones y la falta de mecanismos de control de los beneficiarios.
Agregó que para frenar esa situación, lo recomendable es generar lineamientos únicos para dar seguimiento a los padrones de beneficiarios, homologar mecanismos para identificar plenamente a los beneficiarios.
Incluso, apuntó, se ha propuesto utilizar datos como la Clave Única de Registro de Población (CURP) y el Registro Federal de Contribuyente (RFC), como datos básicos para identificar a la población a la que se entregan beneficios sociales.
Asimismo, dijo que es necesario contar con un sistema nacional de padrones y eliminar la duplicidad de programas, pues solo una regulación y control adecuados cerrará la puerta al uso discrecional de los recursos públicos
Añadió que es obligación de las autoridades reducir riesgos y evitar el uso ilícito del erario, lo que permitiría afianzar la democracia y aminorar el descrédito que los funcionarios públicos y los propios procesos electorales se han ganado.
En el marco de un foro sobre uso de recursos públicos en elecciones, organizado por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que da seguimiento al uso de recursos en las elecciones de este año, la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Irma Eréndira Sandoval, se pronunció sobre las más de 100 visitas hechas al Estado de México por funcionarios del gabinete federal, incluyendo la esposa del Presidente de la República.
La académica consideró que las constantes y notorias presentaciones de integrantes del equipo del Gobierno Federal, donde promocionan obras y acciones de gobierno y entregan apoyos sociales en pleno proceso electoral, bien podrían catalogarse como delitos electorales, ya que coinciden con las conductas indebidas que establece la ley en la materia.
De hecho, apuntó, tienen elementos necesarios como para que las autoridades correspondientes, en este caso la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) abra una investigación contra los funcionarios involucrados.
“Estos actos en los que ha participado el rector de la máxima casa de estudios, el destacado doctor Narro; la secretaria de Desarrollo Agrario, la maestra Rosario Robles; el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, podrían nos parece, constituir delitos electorales, ya que el artículo séptimo de la ley en materia de delitos electorales, impone un castigo de 6 meses de cárcel hasta 3 años de cárcel a este tipo de actitudes”, dijo.
Catalogó esos actos como intencionales y violatorios de la ley electoral, que obliga a los funcionarios públicos a conducirse con imparcialidad y a no intervenir de manera irregular en la votación.
Lamentó que en el marco de las elecciones en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y algunos municipios en Veracruz, haya visos de regresión en términos democráticos, en especial en el territorio mexiquense, cuyo caso calificó como emblemático.
Indicó que en ese estado se vislumbran más riesgos y amenazas de vivir unos comicios irregulares, y la gravedad radica en que ese territorio es el más importante del país en términos electorales, ya que cuenta con 10 millones de votantes.