San Lázaro, CDMX.- Con 288 votos a favor, 129 en contra y 0 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen que expide la Ley General de Educación y abroga la Ley general de la Infraestructura Física Educativa.
El documento destaca que la nueva norma garantiza el derecho a la educación, reconocido en el Artículo 3o. de la Constitución Política y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
Su objetivo es regular la educación que imparta el Estado –Federación, estados, Ciudad de México y municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios; asimismo se considera un servicio público y estará sujeta a la rectoría del Estado.
Precisa que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional.
Además, fomentará la participación activa de los educandos, madres y padres de familia o tutores, maestras y maestros, así como de los distintos actores involucrados en el proceso educativo y, en general, de todo el Sistema Educativo Nacional, para asegurar que extienda sus beneficios a todos los sectores sociales y regiones, a fin de contribuir al desarrollo económico, social y cultural de sus habitantes.
Menciona que todos los habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Es obligación de las mexicanas y los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años asistan a las escuelas, para recibir educación obligatoria, en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo, al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo.
Subraya que la educación inicial es un derecho de la niñez; es responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia y garantizarla conforme a lo dispuesto en la presente ley.
Aclara que la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado en los términos dispuestos por la fracción X del Artículo 3o. constitucional y las leyes en la materia.