El diputado Juan Ramiro Robledo (Morena), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, previó que en el mes de agosto estarán en condiciones de trabajar el proyecto de dictamen de la reforma al Poder Judicial para incluir las conclusiones preliminares del Parlamento Abierto, a fin de que el producto final sea votado por la instancia legislativa y presentado a la nueva Legislatura para su consideración.
“Después del último foro, que será en Sinaloa el día 8 de agosto, estaremos en condiciones de trabajar sobre el proyecto de dictamen, y finalmente será la Comisión de función constitucional quien vote un dictamen (el cual) va a quedar en manos de la Mesa Directiva para que quede vigente a la siguiente Legislatura y pueda empezar a trabajar muy pronto desde que arranquen sus labores”, dijo.
En conferencia de prensa conjunta con la diputada Olimpia Tamara Girón Hernández y el diputado Hamlet García Almaguer, ambos de Morena, Robledo Ruiz indicó que hasta ahora las conclusiones preliminares de los foros sugieren varios puntos importantes a considerar, como el cambio en el proceso de nombramiento que incluiría una ratificación por sufragio popular.
Así como, proteger los derechos de los trabajadores; la carrera Judicial y elección popular; separación de la administración y la vigilancia de la disciplina del Poder Judicial Federal en un tribunal de disciplina, el cual revisaría, fiscalizaría, investigaría y sancionaría a los jueces y magistrados.
Agregó que también se busca la participación de académicos, universitarios, abogados del foro, investigadores y otras personas calificadas fuera de los tribunales, reconociendo que la experiencia relevante puede adquirirse también fuera de la Judicatura.
Además, añadió, se planteará una reforma integral de justicia que incluya mejoras en los ministerios públicos, las policías de investigación y la defensoría pública y la importancia de establecer bases mínimas de conducta ética para la abogacía.
El diputado dijo que se propondrá la necesidad de vincular la responsabilidad de los tribunales con la seguridad pública, reconociendo la importancia de los derechos humanos y la seguridad pública como valores fundamentales.