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Diputados del PAN reprobaron que a México se le haya retirado la categoría de país libre de sarampión, debido a que se dejó de aplicar la vacuna. Exigen sanciones a los responsables del abandono de la política nacional de vacunación y de la fallida vigilancia epidemiológica. 

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba sostuvo que Morena recibió un país que había logrado eliminar la transmisión del sarampión y en ocho años se perdió el reconocimiento internacional, mientras que otras conservan su estatus de países libres de esta enfermedad.

Refirió que, al 18 de noviembre, México acumula 20 mil 727 casos confirmados y 50 defunciones por sarampión, de las cuales cerca del 70% corresponde a menores de edad. 

Dijo que los datos de la Secretaría de Salud confirman que las niñas y los niños de 1 a 4 años concentran el mayor número de contagios (2 mil 832), seguidos de los de 5 a 9 años (2 mil 459). Las y los menores de un año registran la mayor tasa de incidencia, con 107.52 casos por cada 100 mil habitantes.

Subrayó que las niñas y los niños más afectados son quienes nacieron o debieron completar su vacunación durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo.

Señaló que la negligencia de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, y compañía, sigue cobrando vidas, tras haber suspendido durante años las jornadas nacionales de vacunación.

Acusó que entre 2022 y 2025, los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum Pardo dejaron de ejercer aproximadamente 44 mil 457 millones de pesos del presupuesto originalmente aprobado para el Programa de Vacunación de la Secretaría de Salud.

El legislador recordó que vacunar contra el sarampión a todas y todos los niños de un año habría costado apenas 252 millones de pesos; sin embargo, el gobierno de López Obrador prefirió destinar recursos a sus obras prioritarias. 

Asimismo, dijo que, desde octubre de 2024, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había documentado graves deficiencias en el Programa de Vacunación y emitido recomendaciones para corregirlas y el Gobierno Federal las ignoró.

“El Gobierno tenía los recursos, las vacunas, las advertencias y las propuestas. No tiene excusa”.

Por ello, el panista demandó que se investigue las posibles responsabilidades administrativas y penales de López Obrador, López-Gatell y los funcionarios responsables de la política nacional de vacunación.

“A mi juicio, estamos ante hechos de una gravedad que amerita investigar una posible negligencia criminal. Exigimos investigaciones sin protección política y sanciones para quienes resulten responsables”. 

Además, pidió que comparezcan las autoridades de Salud y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se esclarezca el destino de los más de 44 mil millones de pesos que dejaron de ejercerse en vacunación, se revise el cumplimiento de las recomendaciones de la ASF y se investigue cada fallecimiento por sarampión y tosferina. 

Finalmente, reclamó reconstruir el Programa de Vacunación Universal, garantizar el abasto de vacunas, recuperar las jornadas nacionales de vacunación, fortalecer la vigilancia epidemiológica y alcanzar coberturas de al menos 95 por ciento con las dos dosis contra el sarampión. 

En su intervención, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández afirmó que esta situación es un claro ejemplo también de la negligencia presupuestal que ha derivado en una grave inconsistencia en la cobertura de salud en el país. 

“Las jornadas nacionales de vacunación fueron un ejemplo tangible de nuestro país y un ejemplo internacional durante décadas. En cuanto llegó este régimen destructor, terminaron con las jornadas nacionales de vacunación y también se robaron el presupuesto dedicado a la vacunación de nuestros niños en el país. Las estadísticas y los números son fríos y lamentables”.

Consideró que si la Fiscalía General de la República, con estos datos, no actúa de oficio para perseguir a López- Gatell, al expresidente López Obrador, y a quien resulte responsable, el PAN, va a interponer las denuncias de carácter penal ante la FGR para incentivar la actuación. 

Además, se va a explorar la posibilidad de elevar esta denuncia a carácter internacional y demandar la persecución de posibles delitos de lesa humanidad provocados por el régimen de Morena que ha generado muertes de niños por la grave desatención de vacunación.