La relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, acusó a más de 60 empresas de lucrar y beneficiarse con la “economía del genocidio” impulsada por Israel con su guerra en Gaza y el avance de las colonias en Cisjordania reocupada.
En un informe, Albanese aseveró que la ocupación israelí y las campañas bélicas proporcionan “zonas de ensayo” para capacidades militares de vanguardia, y pidió a la Corte Penal Internacional investigar a altos cargos de estas compañías “por su implicación en la comisión de violaciones del derecho internacional” y en el “lavado de dinero obtenido mediante esos crímenes”.
El informe cita a empresas armamentísticas, bancarias, tecnológicas, de la construcción, producción de alimentos, transportistas y proveedoras de gas, carbón e hidrocarburos, e incluso a instituciones académicas.
Las empresas de armas obtuvieron ganancias récord al equipar a Israel con armamento de vanguardia que devastó a una población civil prácticamente indefensa, mientras que Tel Aviv les proporcionó “el campo de pruebas ideal (…) sin límites, con poca supervisión y cero responsabilidad”, reveló el informe.
Les ofrece, por ejemplo, “plataformas de defensa aérea, drones, herramientas de puntería por inteligencia artificial”, para tecnologías que luego se comercializan como “probadas en la batalla”. Es así que las fábricas israelíes de armas, Elbit Systems e Israel Aerospace Industries, están entre las 50 más importantes del mundo.