Con el propósito de combatir con mayor energía la violencia de género en el país, el Congreso de la Unión reformará la Ley General de Responsabilidades Administrativas para imponer sanciones ejemplares a los funcionarios públicos que utilicen expresiones denigrantes y discriminatorias en contra de las mujeres.
Se advierte que los servidores públicos que incumplan el código de ética interno de su institución e incurrirán en faltas administrativas graves deberán ser retirados del cargo y se les apliquen sanciones drásticas.
“Sólo en caso de que el servidor público no haya actuado de forma dolosa, y por única ocasión, podrá abstenerse de imponer la sanción que corresponda”, especificaron legisladores del PAN, PT y PRD.
En el mismo planteamiento se propone obligar a todas las autoridades gubernamentales a abstenerse a hacer cualquier tipo de declaración pública con lenguaje discriminatorio, que dañe la dignidad humana, sus derechos o libertades.
“Las y los servidores públicos deben de tener vocación de servicio, sensibilidad social y una actitud de respeto hacia la ciudadanía en general. Es decir, debe haber asimilado que los derechos humanos no son un discurso político sino una obligación que orienta su quehacer público”, señaló la senadora por Baja California.
Recordó que, en meses recientes, el subdelegado del ISSSTE en Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, utilizó expresiones denigrantes y discriminatorias en contra de las concubinas de los derechohabientes, llamándolas despectivamente «pirujas». De igual manera, cuestionó el derecho a los servicios de salud para las parejas del mismo sexo.
Dichas expresiones nunca fueron sancionadas, a pesar de la gravedad de sus dichos.