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La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Laura Esquivel Torres, subrayó que es una obligación del Estado garantizar el derecho de las y los menores a crecer y desarrollarse en una familia que les ofrezca seguridad y certeza de que están bajo cuidado.

En la presentación del “Estudio de la Situación de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CRSA) 2026”, realizado por la organización civil Aldeas Infantiles SOS, la legisladora consideró que cuando se trata de las poblaciones más vulnerables, las autoridades tienen mayor responsabilidad para hacer cumplir sus derechos.

Señaló que millones de infantes en México no tienen una familia, “lo que nos demanda mirar esa realidad de la que se habla muy poco y trabajar para revertirla, sobre todo, porque la ausencia de redes de apoyo elementales los coloca frente a muchos riesgos”.

Comentó que el estudio es un instrumento que refleja, además, otra obligación del Estado, que es escuchar las necesidades de este sector, porque muchas veces se toman decisiones sin conocer lo que realmente requieren.

Agregó que también deja clara la necesidad de trabajar principalmente en la prevención, es decir, que las autoridades lleguen antes de que circunstancias como la pobreza, violencia o la falta de oportunidades separen a un niño de su familia.

El estudio presenta un diagnóstico de la situación y condiciones de niñas, niños y adolescentes que han perdido el cuidado de sus familias y de quienes están en riesgo de perderlo. Además, aporta evidencia y recomendaciones que contribuyen al fortalecimiento de políticas públicas y mecanismos de protección.

Para obtener dicho diagnóstico, durante marzo de 2026 se aplicaron 132 instrumentos de recolección en cinco estados del país, y ocho de cada diez participaciones fueron de niñas, niños y adolescentes.

Los hallazgos del estudio confirman que la pérdida del cuidado familiar no puede comprenderse ni abordarse como el resultado de decisiones individuales, ni atribuirse exclusivamente a las capacidades de las familias. Se trata de una problemática estructural estrechamente relacionada con desigualdades y vulneraciones sociales, que restringen sus posibilidades de brindar cuidado, protección y bienestar.

Además, menciona que la insuficiencia presupuestaria, la débil coordinación entre instituciones, la falta de personal especializado, las dificultades para dar seguimiento a los casos y la permanencia de prácticas que privilegian la institucionalización sobre las alternativas familiares limitan el acceso de las y los menores a una protección integral, con consecuencias directas en su desarrollo y sus vidas.

En su turno, el director de Políticas de Prevención y Atención de Violencias en la Secretaría Ejecutiva el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Alfonso Galindo Cano, reconoció el trabajo de Aldeas Infantiles SOS, porque da luz a un tema que ha permanecido en la oscuridad y, aunque reconoció que el Estado tendría que encabezar este tipo de esfuerzos, las organizaciones civiles tienden mucho la mano.

Por su parte, el director de Información, Políticas y Coordinación con los Sectores Público, Social y Privado de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Raúl Horacio de Jesús Cantú, señaló que la revisión del estudio permitió identificar coincidencias con las acciones que impulsa esa institución. Asimismo, destacó que uno de los principales desafíos consiste en lograr que el reconocimiento de los derechos se traduzca en condiciones para hacerlos efectivos.

A su vez, la directora ejecutiva de Aldeas Infantiles SOS en México, Diana Rosales Espinoza, subrayó que el estudio nació de escuchar la voz de niñas, niños y adolescentes, lo que lo hace aún más relevante, porque refleja sus demandas. Agregó que mucho del trabajo de la organización está centrado en el acompañamiento de las familias ante circunstancias que obligan la separación.

En el evento participó Sania, una adolescente de 18 años que compartió su experiencia durante su estancia en acogimiento residencial e hizo un llamado a apoyar a las familias, a fin de evitar que problemas como la pobreza o la violencia provocan que niñas, niños y adolescentes crezcan sin el cuidado de sus seres queridos.