El Congreso busca que los aspirantes a escuelas públicas de educación media superior y superior no paguen derechos de examen de admisión a quienes vivan en situación de pobreza, en comunidades indígenas o sean víctimas de violencia o desplazamiento forzado.
La propuesta de reforma a la Ley General de Educación, señala que el cobro por fichas o exámenes de admisión no solo contradice el principio de gratuidad, sino que reproduce las desigualdades estructurales que afectan a quienes ya enfrentan múltiples formas de exclusión.
En este sentido, la reforma ayudaría a reducir las desigualdades de origen, eliminar barreras económicas injustas y garantizar que todas las personas, sin importar su contexto socioeconómico, tengan la posibilidad de continuar con su trayectoria educativa.
Considera que para cumplir con los mandatos constitucionales en materia de gratuidad y accesibilidad, es necesario eliminar las barreras que impiden a las personas más vulnerables ejercer su derecho a la educación.
Refiere que en México persisten barreras económicas estructurales que impiden a miles de jóvenes acceder a la educación media superior y superior, y una de ellas es el cobro de fichas, cuotas o derechos por examen de admisión.