La diputada Gissel Santander (Morena) propuso reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales para que en actuaciones ministeriales o judiciales, en las que se identifique la presencia de niños o adolescentes, garanticen su integridad física, psicológica y emocional.
La iniciativa establece que serán obligaciones de los policías: identificar de forma inmediata la presencia de un menor en el lugar de los hechos o en la ejecución de una detención y minimizar el uso de fuerza, visibilidad de armas o tácticas intimidatorias.
Asimismo, procurar que la detención se realice fuera del campo visual del menor, siempre que sea posible sin poner en riesgo el operativo; evitar la separación de su figura cuidadora, salvo riesgo real e inminente para su integridad, y solicitar la intervención inmediata de servicios de protección y asistencia cuando el infante resulte afectado o se encuentre en situación de vulnerabilidad.
Señala que cuando se identifique la presencia de un menor, la autoridad deberá asegurar su resguardo en un espacio seguro y libre de violencia, evitar exponerle al uso de fuerza, armas o lenguaje intimidatorio; realizar la detención sin contacto visual directo del menor con el detenido, garantizar atención psicológica inmediata en caso de afectación emocional y permitir la permanencia del menor con su figura cuidadora o tutor.
De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la exposición reiterada de niñas y niños a eventos traumáticos vinculados con violencia institucional puede producir afectaciones severas como ansiedad crónica, trastorno de estrés postraumático, alteraciones del sueño, regresiones conductuales y desconfianza hacia las instituciones públicas, indica.