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La expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina “N”, recibió auto de formal prisión por los delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada de personas por el caso Iguala; continuará en el Centro Federal de Reinserción Social Femenino de Morelos.

La acusación que la tiene en prisión es por la emisión que provocó la pérdida, ocultamiento o destrucción de los videos de las cámaras de seguridad 12 y la 15 del Palacio de Justicia de Iguala, de la noche del 26 de septiembre del 2014.

La grabación contenía el momento en que policías de Iguala detuvieron un autobús donde normalistas de Ayotzinapa huían con rumbo a Tixtla; fueron detenidos frente al Palacio de Justicia de Iguala. Al lugar llegaron policías de Huitzuco y se repartieron a los jóvenes que venían en el autobús detenido.

Los abogados de la exmagistrada afirman que no hay ningún documento que pruebe que la indiciada estuviera informada de la existencia de esos videos. Además, en la investigación de la PGR está asentado que los técnicos en sistemas, Luis Europa Solís y Javier Uribe Iturbe, declararon que intentaron copiar los videos a una memoria USB, pero los archivos estaban dañados y no lo pudieron hacer.

Los discos se reutilizaban cada 15 días y antes de cumplirse ese plazo uno de los funcionarios declaro que intentó 4 veces guardar los videos en un disco duro y nunca pudo lograrlo por los daños que tenían.

Originalmente, hubo una orden de aprehensión en 2022 contra la exmagistrada por la misma causa, pero la PGR, después de un mes, desistió de la acción penal. Nuevamente el 29 de abril del 2025 volvió a pedirse su aprehensión con el mismo expediente y la exmagistrada fue detenida el 14 de mayo del 2025.

A lo largo de estos últimos años, el grupo de expertos independientes y normalistas de Ayotzinapa solicitó la presentación de los videos de esas cámaras de seguridad y siempre les fue negado con diferentes pretextos, inclusive en varias ocasiones los normalistas de Ayotzinapa realizaron protestas y destrucciones en esas oficinas ante la negativa a entregar los videos.