La situación política y económica del gobierno del presidente Javier Milei está en uno de los momentos más graves por su promoción de la criptomoneda Libra, que se transformó en una gran estafa.
La justicia frenó el decreto de Milei que transformaba en sociedad anónima el Banco de la Nación Argentina, el primer paso hacia la privatización. Además, el mandatario nombró por decreto dos nuevos jueces a la Corte Suprema, lo que provocó un gran escándalo.
Cada día se acumulan las causas judiciales contra Milei en Estados Unidos y en otros países, lo que complica más la situación del presidente argentino y sus más cercanos colaboradores, como su hermana Karina, que se convirtió en una “caja” que acumula miles de dólares, de lo que surgen cada día nuevas evidencias.
Para analistas locales, Milei adopta una serie de medidas rápidas, todas negativas para el país -ante la posibilidad de que deba renunciar- para dejar el camino libre a quienes están detrás de él, quienes “necesitan” apropiarse de Argentina.
Uno de los primeros que celebraron el fallo sobre el BNA del juez federal de La Plata, provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, fue Sergio Palazzo, líder del gremio de los bancarios y uno de los dirigentes sindicales más respetados.
El magistrado registró que el BNA estaba excluido de la lista de empresas a privatizar en la Ley Bases, cuya aprobación en el Congreso se obtuvo por el pago de sobornos a legisladores, aunado a un sistema extorsivo, método por el que el Legislativo delegó sus facultades al mandatario, con lo que está gobernando por decretos violando todas las normas de la Constitución.
El juez señaló que en su decreto «el Poder Ejecutivo Nacional podría haber excedido los límites establecidos por el Congreso de Nación al realizar la delegación de facultades».