La presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, afirmó que las 18 reformas a la Constitución, que propuso el presidente López Obrador, plantean modificaciones a 48 artículos de la Carta Magna, es decir, el 35% de la misma estará siendo discutida y analizada, más las dos propuestas de cambios a leyes secundarias.
“Aunado a esto, esta Soberanía tiene una agenda propia que cumplir, con un plazo definido, y en lo que no se puede estar en falta, pues se trata de asuntos derivados de mandatos judiciales que protegen derechos de las personas”, indicó.
Señaló que viene un intenso debate sobre cómo seguir reafirmando nuestro republicanismo, el respeto a la división de poderes y a los contrapesos de los mismos, además de la defensa a las instituciones autónomas.
“Estamos llamados a defender las instituciones autónomas, a consolidar el régimen democrático, con un presidencialismo fuerte, vigoroso, para prospectar a nuestro federalismo e impulsar el desarrollo de las comunidades, de los estados, de las regiones del país; porque eso en la República, es la soberanía”.
Guerra Castillo apuntó que es interés de esta Presidencia que la discusión sea plural y equilibrada, que se privilegien los argumentos en el debate y que sea ordenado; anunció que, una vez en el Pleno, se aplicará el Reglamento interno de la Cámara de Diputados, con rigor, “porque aquí nos regimos por leyes que nosotros mismos hacemos, y las tenemos que respetar”.
La diputada presidenta subrayó que estas reformas constitucionales exigen un parlamento abierto, foros con especialistas y académicos, para conocer la opinión de todos los involucrados en esos temas. Seguramente los colegios de abogados, los constitucionalistas también enviarán sus anotaciones, dijo.
Por ello, externó su confianza en la responsabilidad de las y los legisladores que, en comisiones, sabrán hacer una dictaminación adecuada y justa. Cada comisión tiene una estructura: presidencia, vicepresidenta, secretarios, en donde están representados diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios, y la discusión primero se dará ahí.
Asimismo, anunció que más allá del impacto presupuestal que se envió con el paquete de iniciativas, es obligación de las y los legisladores solicitar al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, que pertenece a esta Cámara, los estudios que indiquen los impactos económicos de las mismas.