Para robustecer mecanismos que promuevan la identificación temprana de menores en riesgo de ser cooptados para actividades de la delincuencia organizada, el diputado Fernando Castro Trenti, impulsa reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Se busca establecer que las autoridades de los tres niveles de gobierno sean obligadas a tomar las medidas necesarias para identificar y detectar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por actividades vinculadas con grupos de delincuencia organizada.
“Cuando las autoridades identifiquen esas situaciones implementen medidas de protección, que incluyan atención psicosocial, apoyo para su permanencia educativa y fortalecer el entorno familiar con programas de reintegración social, conforme al interés superior de la niñez y a lo dispuesto en la Ley General de Víctimas y demás disposiciones aplicables”.
La propuesta, turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, señala que las y los menores requieren medidas de protección reforzada frente a contextos de violencia y criminalidad.
Refiere que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de los Derechos del Niño han advertido que se deben adoptar políticas públicas que permitan prevenir, detectar y atender las distintas formas de violencia que afectan a la infancia, incluidas aquellas relacionadas con la explotación, la utilización en actividades ilícitas y otras manifestaciones de criminalidad organizada.
Aclara que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece un sistema integral de protección que reconoce múltiples derechos de niñas, niños y adolescentes y define las obligaciones de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar su pleno ejercicio.