La diputada María de la Luz Rivas (PT) presentó una iniciativa para que quien cometa tentativa de feminicidio, además de las sanciones que le correspondan, perderá la patria potestad sobre los descendientes que en común tenga con la víctima.
La propuesta de reforma al Código Civil Federal estipula que en caso de que la persona que ejerza la patria potestad sea vinculada a proceso por la comisión del delito de feminicidio o tentativa perderá todo derecho con relación a las hijas o hijos de la víctima, garantizando el interés superior de la niñez.
Asimismo, la iniciativa turnada a la Comisión de Justicia para dictamen propone que la autoridad jurisdiccional deberá modificar o suspender el ejercicio del régimen de convivencias o guarda y custodia, según sea el caso, sin necesidad de solicitud de ninguna de las partes, cuando esta advierta cualquier clase de violencia o cuando el que la ejerce se encuentre vinculada a proceso por la comisión del delito de feminicidio o tentativa.
La legisladora refiere que, si bien el sistema penal del país tipifica la muerte violenta causada a las mujeres por razones de género, conocida como “feminicidio”, es necesario legislar para que además de perseguir la justicia para la víctima de este ilícito, se protejan a quienes directa o indirectamente pudieran resultar afectados de esta situación.
En este sentido, explica que quienes suelen ser víctimas, directa o indirectamente, son las hijas e hijos de las mujeres víctimas de feminicidio, que ante tal situación “en la mayoría de los casos quedan al cuidado y bajo la tutela de su progenitor hombre, que en muchos casos viene a ser el principal sospechoso e investigado por este delito y otras veces el responsable comprobado”.
Ante este panorama, apuntó, el Congreso de Puebla el 2 de marzo de 2023 aprobó por unanimidad la “Ley Monzón”, la cual establece la suspensión de la patria potestad a padres vinculados a proceso por el feminicidio o intento de feminicidio de la madre de sus hijos, protegiendo así a los menores.
Subraya que ya son varios los congresos locales que han aprobado esa Ley, que recibe su nombre luego de que Cecilia Monzón Pérez, una abogada penalista y activista feminista fuera asesinada en mayo de 2022 en Puebla por su expareja.