El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes dio a conocer que en 2025 en el país se registraron 7 mil 887 niñas de entre 10 y 14 años que enfrentaron un embarazo forzado, o sea, un promedio de 22 casos al día.
Al presentar una iniciativa para atacar esa problemática, la senadora Alejandra Barrales dijo que “esto nos obliga a ver algo que hoy, por desgracia, el mundo normaliza, pero el embarazo de una niña de entre 10 y 14 años de ninguna manera puede entenderse como algo normal, como una decisión propia y como una decisión consentida”.
Expuso que en la iniciativa se plantea reforzar el marco legal y la actuación institucional y propone que en la ley se reconozca expresamente el embarazo infantil forzado, establezca obligaciones y protocolos para las instituciones de salud, educativas y de asistencia social, además de ampliar las acciones de prevención y protección dirigidas a niñas y adolescentes.
Dijo que busca establecer una ruta clara de atención médica y psicológica especializada, acompañamiento y protección inmediata para las menores, a fin de que ninguna niña enfrente sola las consecuencias de la violencia sexual.
Por su edad, estas niñas están en especial vulnerabilidad frente al acoso y a la violencia sexual y necesitan una respuesta inmediata y distinta de las instituciones, sostuvo al señalar que el embarazo infantil debe considerarse posible violencia sexual, lo que obliga al Estado a intervenir.
Barrales citó casos documentados que reflejan la gravedad del problema, como el conocido en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, una niña de apenas 10 años ingresó a un hospital por un parto prematuro y con complicaciones graves. Además, se reportó la atención de una niña de 11 años, con cinco meses de embarazo. al subrayar la necesidad de garantizar procedimientos médicos y legales para fortalecer su protección.
A estos casos se suman registros de 2024 que identificaron el caso de una niña de 12 años casada con un hombre de 65 y otra de 10 años con uno de 32 años. “De ninguna manera se puede pensar que en esas uniones hay consentimiento”, afirmó. La Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre los riesgos de complicaciones durante el embarazo y el parto en adolescentes, así como sobre las consecuencias para la salud, la vida y la continuidad educativa de las niñas menores de edad.
No se pretende imponer decisiones a ninguna niña ni sustituir su atención médica; lo que pretendemos es garantizar que en este país las niñas y las adolescentes se dediquen a crecer, a jugar, a desarrollarse como cualquier niña en el mundo”, puntualizó Barrales.