Los más de 4 mil candidatos de la elección judicial tendrán un tope de gastos de campaña de 220 mil 326 pesos cada uno, recurso que deberán reportar – y sustentar con documentos- ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El gasto será exclusivamente para cubrir gastos personales, viáticos y traslados.
Este es otro de los elementos novedosos del proceso, porque a diferencia de las personas postuladas por partidos políticos, en las elecciones tradicionales, esta vez los candidatos no tendrán financiamiento público y sí diversas prohibiciones como contratar espacios para divulgar propaganda electoral, tampoco pueden contratar encuestas o estudios de opinión.