Por Felipe Barrera Jaramillo
Ciudad de México.- Luego del apoyo que brindó el ex presidente Felipe Calderón a la rebelión de policías federales y la invitación de algunos uniformados al ex mandatario para que los represente en su lucha, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que “grupos de interés” y líderes visibles no son de la Policía Federal.
“No es casualidad que policías federales pidan que Felipe Calderón sea su representante sindical”, enfatizó.
Señaló también que uno de los líderes del movimiento de la PF, Ignacio Benavente Torres, quien funge como presidente de “Pro Libertad y Derechos Humanos en América”, que opera en Tijuana, Baja California, estuvo preso en el CEFERESO 3 de Matamoros, Tamaulipas, y fue sentenciado durante varios años por el delito de secuestro.
Otros más. Dijo, “están ligados detractores del gobierno federal y a grupos de interés que incluso han aprovechado contratos millonarios en la corporación”.
CORRUPCIÓN EN P.F.
En alusión a los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador de que la Policía Federal “se echó a perder”, Alfonso Durazo dijo que solicitó a la Secretaría de la Función Pública una auditoría integral de cierre de la PF y que la Auditoría Superior de la Federación revisa la Cuenta Pública 2018 por graves actos de corrupción.
Citó el ejemplo de la adquisición de un Sistema de Inteligencia denominado “Rafael” que fue adquirido en 2 mil 458 millones de pesos cuando su valor en el mercado es de 600 millones de pesos y, además, se dejó una deuda de Mil 300 millones de pesos: “La Consejería Jurídica de la Presidencia ya presentó denuncia penal en la Fiscalía General de la República contra quien resulte responsable”.
Añadió que la compra de ese y muchos otros equipos de la Policía Federal violaron la normatividad porque no se justificó la compra, no tuvo autorización de la Secretaría de Hacienda ni se presentó el informe respectivo a la Secretaría de la Función Pública.
Alfonso Durazo dijo, además, que una vez que concluyan las auditorías a la PF se presentarán otras denuncias por la contratación, fuera de toda norma, de empresas de seguridad privada que aportaron más de 40 mil elementos que fueron destacados a la seguridad de dependencias del gobierno federal que, incluso, no son estratégicas,