El Gobierno de Japón aprobó hoy un plan dirigido a minimizar sus emisiones de gases de efecto invernadero hacia 2050, dentro de su estrategia para mitigar la crisis climática y en el marco del Acuerdo de París.
La estrategia adoptada por el Ejecutivo nipón incluye potenciar la energía solar y la eólica, aunque también contempla mantener el uso de energías fósiles y de energía nuclear, decisiones que han generado críticas de organizaciones ecologistas por considerarlas insuficientes.
El primer ministro nipón, Shinzo Abe, declaró a los periodistas tras la aprobación de la estrategia que las acciones contra el cambio climático «no conllevan un coste económico, sino suponen un camino de crecimiento hacia el futuro».
Tokio tiene previsto hacer llegar esta estrategia a Naciones Unidas hacia finales de junio, coincidiendo con la celebración en Osaka (oeste de Japón) de la cumbre del G20, según señalaron fuentes del Ejecutivo a la agencia nipona Kyodo.
Japón es junto a Italia el único país del G7 que no ha remitido su plan de acción a la ONU para mitigar los efectos del cambio climático, tal y como se estableció en el Acuerdo Climático de París de 2015.
Dicho acuerdo ratificado por la mayor parte de la comunidad internacional establecía el objetivo de evitar que el calentamiento global supere los 2 grados Celsius a finales de este siglo respecto a los niveles preindustriales, y mencionaba que sería deseable que éste no superase 1,5 grados.
El plan a largo plazo del Ejecutivo nipón contempla incrementar la proporción del «mix energético» correspondiente a las energías renovables a entre el 22 y el 24 por ciento para 2030.
Las energías fósiles como el petróleo, el gas natural o el carbón ascenderán al 56 % del total, mientras que la nuclear representará el 20 o el 22 % restante.
La estrategia nipona también incluye impulsar el uso del hidrógeno como fuente energética para reducir «al mínimo posible» la dependencia de la energía atómica, en el contexto de inquietud pública que generan las plantas nucleares en el país a raíz la catástrofe de Fukushima de 2011.
Un primer borrador del plan llamaba a deshacerse de todas las centrales termoeléctricas de carbón de Japón para 2050, aunque esta medida fue desechada en la versión final debido a la oposición del sector privado debido a su impacto económico.