Durante el foro nacional “Ley contra el feminicidio en México”, organizado por la diputada Ariana del Rocío Rejón, representantes de asociaciones y familiares de víctimas llamaron a fortalecer la prevención de la violencia contra las mujeres, mejorar la actuación de las autoridades y garantizar la reparación integral del daño a las víctimas indirectas.
Advirtieron que el aumento de las penas no es suficiente si las instituciones no responden oportunamente ante las amenazas y agresiones.
En su intervención, Valeria Lisset Villar Parra, integrante del colectivo Democracia Sin Miedo, señaló que, de enero a agosto de 2026, México registró 440 víctimas clasificadas como feminicidio, lo que representa un promedio aproximado de 13 por semana, cifra que corresponde a los casos clasificados bajo ese delito y no al total de mujeres asesinadas en el país.Al analizar el proyecto de ley en materia de feminicidio impulsado por el Ejecutivo Federal, que contempla penas de 50 a 70 años de prisión, consideró que la discusión debe incluir la capacidad de las instituciones para proteger a las mujeres antes de que sean asesinadas.
“¿De qué les sirven 70 años de prisión a una mujer que necesitaba protección 70 minutos antes?”, cuestionó.
Villar Parra precisó que no pone en duda la necesidad de sancionar proporcionalmente un delito de esa gravedad, pero llamó a distinguir entre la severidad de las penas y la eficacia de las políticas de prevención.
Indicó que una reforma también debe evaluarse por la capacidad de sus mecanismos para proteger vidas. “La iniciativa no debería evaluarse solamente por la severidad de las penas que propone, sino también por la capacidad real de sus mecanismos para proteger vidas”.
Entre los aspectos que consideró necesario revisar, mencionó los tiempos de respuesta de las autoridades ante una denuncia, la ejecución y supervisión de las medidas de protección, la disponibilidad de personal especializado y la responsabilidad institucional cuando las obligaciones no se cumplen.
Propuso que la implementación de la legislación cuente con indicadores públicos, mecanismos de evaluación y responsabilidades verificables.
Subrayó que las amenazas y agresiones deben atenderse antes de que se conviertan en violencia letal, pues la prevención requiere identificar los riesgos y actuar oportunamente cuando existen señales de peligro.
“Una amenaza no necesita terminar en feminicidio para merecer atención, una agresión no necesita convertirse en violencia letal para justificar una intervención y una mujer no debería tener que morir para que finalmente reconozcamos que verdaderamente estaba en peligro”.